Facua Andalucía critica el "abandono" y "desprotección" de los consumidores en los presupuestos para 2024

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía ha mostrado su preocupación ante el "evidente abandono" y "dejadez", un año más, de las políticas de protección de los consumidores por parte de la Junta de Andalucía contempladas en sus Presupuestos para el 2024.

Como viene ocurriendo en los últimos años, según ha indicado la federación en una nota de prensa, las cuentas del próximo ejercicio seguirán sin dar respuesta a las necesidades reales de una ciudadanía "castigada por los abusos", y con una Administración "precaria sin recursos para hacerles frente".

Por ello, señala Facua, este "desequilibrio" creciente afecta de forma "clara" y "directa" en la reducción del ejercicio de los derechos que tienen los consumidores y usuarios de esta comunidad autónoma.

En el programa de Consumo sigue sin apostarse por un incremento del personal y de recursos materiales que permitan a la Administración pública realizar una labor de inspección y control adecuada. Además, la situación de los servicios provinciales de consumo continuará con la "precariedad" que ya fue denunciada públicamente por el Defensor del Pueblo que alertaba sobre la necesidad de dotar de medios económicos y humanos a los servicios de consumo, ya que "se ven desbordados e imposibilitados para atender adecuadamente sus funciones".

A pesar de la "debilidad" de las estructuras administrativas para hacer frente a un contexto de incremento de los abusos a los consumidores, en lugar del refuerzo necesario se contempla una reducción de personal, ya que el presupuesto refleja a 224 personas entre servicios centrales y servicios provinciales, lo que supone una persona menos con respecto al año 2023. Es oportuno indicar que en 2015 (fecha que el Defensor del Pueblo Andaluz analizó los datos que dieron lugar a la resolución referida), había 236 personas adscritas al programa.

El propio documento contempla una reducción en el número de consultas y peticiones de información que se pretende atender en 2024, (de las 15.000 que se esperaban en 2023 a las 10.000 que se prevé para 2024). Las llamadas a través de Consumo Responde también pasa de 40.000 en 2023 a 35.000 en 2024, lo que evidencia la intencionalidad de dar un paso atrás en la protección de los consumidores andaluces.

El indicador de Solicitudes de Arbitraje para el próximo año se establece en 2.000 (200 más que en 2023). Sin embargo, la partida destinada a este concepto se mantiene constante respecto al anterior. Con datos se puede concluir que difícilmente se alcanzará este objetivo, ni mucho menos reducir el tiempo de duración del procedimiento que, de acuerdo a la memoria publicada por la Junta Arbitral Regional de Andalucía, ha sido en 2022 de 167,7 días, superando con creces el objetivo legal de 90 días.

La posibilidad de defensa de los derechos de los consumidores por medio del movimiento asociativo también se está debilitando con las nuevas cuentas propuestas, ya que las ayudas al movimiento consumerista disminuye un 13,75%, pasando de 846.343 euros en 2023 a 730.000 euros en 2024. En solo cinco años esta partida se ha visto disminuida en un 51,24% (en el año 2019 era de 1.497.198 euros).

Esto supone un "claro ataque" hacia el movimiento asociativo andaluz en materia de consumo, lo que supone la reducción de la protección de los consumidores y de la defensa de sus intereses. La federación apunta a que el objetivo de la Junta es debilitar un modelo asociativo que viene siendo actor principal en la lucha contra los abusos y el altavoz de los consumidores frente los fraudes del mercado, limitando así su capacidad de asociarse a organizaciones que puedan hablar de tú a tú a las grandes empresas.

Estas cuentas no permitirán desarrollar políticas públicas de protección de los consumidores que atiendan las necesidades actuales de la población andaluza, ni se mejorará su protección desde el ámbito asociativo.

POLÍTICA SANITARIA

Por otra parte, Facua Andalucía también ha precisado la necesidad contar con voluntad política para defender y blindar la sanidad pública frente a corrientes privatizadoras, así como de dotarla de recursos económicos suficientes para garantizar la adecuada asistencia sanitaria desde el SAS.

Sin embargo los presupuestos evidencian una clara apuesta por los conciertos en el sistema sanitario, siendo cada año mayor el número de pacientes atendidos en hospitales concertados.

El incremento sustancial de atenciones derivadas hacia centros concertados preocupa de forma especial a esta federación, ya que se continúan incrementando el número de personas atendidas en este tipo de centros, el número de sesiones de hemodiálisis, el número de intervenciones quirúrgicas, el número de sesiones de rehabilitación en hospitales o los estudios de diagnósticos en hospitales concertados.

Facua Andalucía lamenta que, pese al incremento del gasto en atención sanitaria, sigue siendo insuficiente para hacer frente a la situación sanitaria actual con el reto de dar una respuesta desde un sistema sanitario público debilitado en estos años. Además, no se está contando con la participación de los representantes de los usuarios a la hora de elaborar planes de mejora en el ámbito sanitario.

EDUCACIÓN

Por otro lado, se mantiene la tendencia clara a potenciar a los centros concertados a través de conciertos o convenios con otras instituciones. En el presupuesto para el 2024 el importe destinado a este tipo de conciertos asciende a más de 1.000 millones de euros, lo que supone un 4,18% más que en el presupuesto anterior, y un 30,4% más que lo que se destinaba en 2018.

VIVIENDA, COMERCIO Y TURISMO

La federación ha advertido de la necesidad de desarrollar un marco normativo para garantizar el acceso a una vivienda digna tanto a las familias y colectivos vulnerables como a familias, trabajadores y jóvenes que buscan emanciparse y ven un mercado marcado por altos alquileres especulativos y escasa vivienda pública.

Así, señala la federación, los objetivos deberían ser facilitar y garantizar a las familias el acceso a una vivienda digna, de calidad y adecuada, evitar los desahucios, que generan mayor exclusión social y privan de un derecho esencial a los ciudadanos, intervenir en el mercado del alquiler y movilizar el parque de viviendas desocupadas.

En cuanto a los presupuestos destinados a comercio y turismo, Facua Andalucía advierte de que siguen sin ponerse en marcha medidas destinadas a su mejora que no sean ayudas directas al sector empresarial, y entiende necesario que se debe reforzar igualmente el control sobre los fraudes y abusos en estos sectores.

Tampoco se refuerza en este ámbito el control sobre los fraudes y abusos. Los planes de inspección en materia comercial y turística carecen de un enfoque centrado en mejorar la calidad y desterrar prácticas irregulares y abusivas con los usuarios.