SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Facua Andalucía, Jordi Castilla, ha advertido de que el Proyecto de Ley para las cuentas públicas de la comunidad para el próximo 2025 "desprotegen" a la ciudadanía "frente a abusos".
"Estamos ante un presupuesto que ignora las necesidades de las personas consumidoras, perpetúa desigualdades, debilita el control del mercado y desprotege a la ciudadanía frente a abusos, mientras fortalece un modelo que prioriza intereses empresariales sobre derechos sociales básicos", ha manifestado durante su reciente intervención en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz.
En este sentido, la organización ha mostrado en un comunicado su preocupación "ante el evidente abandono y dejadez, un año más, de las políticas de protección de los consumidores por parte de la Junta de Andalucía contempladas" en estas cuentas.
La organización ha reprochado que, "pese al tiempo transcurrido y las necesidades sobrevenidas en estos últimos años", la cuantía asignada en programa de Consumo "sigue sin alcanzar la partida establecida en 2016 que fue de 15.214.624 euros". En concreto, ha afirmado que para el año 2025 la dotación, aunque se ha incrementado en un 1,16%, se queda en 14.739.335 euros.
"Para 2025 representa sólo el 0,0302% del presupuesto total", ha incidido Facua, que ha señalado que "por lo tanto, se continuará con unos presupuestos tan pobres como alejados de las necesidades reales de una ciudadanía castigada por los abusos y por una administración precaria sin los recursos suficientes para hacerles frente".
Asimismo, la organización ha denunciado que "se acentúa aún más en la debilidad de las estructuras administrativas para hacer frente a un contexto de incremento de los abusos a los consumidores", ya que "en lugar del refuerzo necesario se contempla una reducción de personal". El presupuesto "refleja a 221 personas entre servicios centrales y servicios provinciales, lo que supone tres personas menos con respecto al año 2024", ha afeado.
Por ello, "no se puede obviar que la situación de los servicios provinciales de consumo es absolutamente precaria", según Facua, que refiere que esto "ya fue denunciado públicamente por el Defensor del Pueblo en 2016". "Alertaba sobre la necesidad de dotar de medios económicos y humanos a los servicios de consumo, ya que se ven desbordados e imposibilitados para atender adecuadamente sus funciones", ha especificado, además de añadir que, desde entonces, el personal adscrito al programa de consumo se he reducido de 236 a los 221 para 2025.
Asimismo, Castilla ha mostrado su preocupación a que el presupuesto presentado no visibilice, a su juicio, una partida que permita implementar acciones a desarrollar en el futuro plan estratégico de consumo, entendiendo que este debe ir acompañado por una dotación presupuestaria suficiente que sea capaz de dar respuesta a las necesidades planteadas.
Ha destacado también la congelación, según señala, de las ayudas destinadas a las asociaciones de consumidores de Andalucía, una situación ante la que Facua Andalucía ha mostrado su "firme rechazo" ya que supone para la organización "un ataque frontal" al movimiento asociativo de la región. La federación apunta a que "el objetivo de la Junta es debilitar un modelo asociativo que viene siendo actor principal en la lucha contra los abusos y el altavoz de los consumidores frente los fraudes del mercado, limitando así su capacidad de asociarse a organizaciones que puedan hablar de tú a tú a las grandes empresas".
En definitiva, estas cuentas "no permitirán desarrollar políticas públicas de protección de los consumidores que atiendan las necesidades actuales de la población andaluza, ni se mejorará su protección desde el ámbito asociativo", remacha Facua.
POLÍTICAS SOCIALES Y SANITARIAS
Por otro lado, Facua también lamenta que, "pese al incremento del gasto destinado a la sanidad pública, sigue siendo insuficiente para hacer frente a la situación actual" y critica, además, que "no se está contando con la participación de los representantes de los usuarios a la hora de elaborar planes de mejora en el ámbito sanitario".
También afea que el presupuesto presentado por el Gobierno andaluz "es insuficiente" para "revertir" la situación que atraviesa el sistema de dependencia, y ha hecho hincapié en el "leve" incremento en gasto de personal de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, "con servicios en saturación como el de teleasistencia o la congelación de la partida destinada al refuerzo de los servicios comunitarios".
Por otra parte, la federación ha apostillado que, en materia de vivienda, para el año 2025 "se establece un indicador de viviendas rehabilitadas en edificios residenciales de 3.779", mientras en 2024 "era de 4.534", y denuncia que el número de ayudas al alquiler a las mujeres víctimas de violencia de género "disminuye en un 27,78%".
COMERCIO Y TURISMO
En cuanto a los presupuestos destinados a comercio y turismo, Facua alerta de que "siguen sin ponerse en marcha medidas destinadas a su mejora que no sean ayudas directas al sector empresarial, y entiende necesario que se debe reforzar igualmente el control sobre los fraudes y abusos en estos sectores".
En relación a la plantilla de inspectores de las distintas provincias, la organización critica que actualmente "se dispone de tan sólo de 17 inspectores distribuidos entre las Delegaciones Territoriales con competencia en materia de comercio, que cubren la totalidad de los establecimientos comerciales del territorio andaluz", una cifra que la federación califica de "incapacidad absoluta".
Asimismo, señala que "tampoco se refuerza en este ámbito el control sobre los fraudes y abusos. Los planes de inspección en materia comercial y turística carecen de un enfoque centrado en mejorar la calidad y desterrar prácticas irregulares y abusivas con los usuarios".
Por todo ello, Castilla ha pedido durante su intervención a los distintos grupos parlamentarios que tengan en consideración las valoraciones expresadas por Facua Andalucía sobre los presupuestos e incorporen las propuestas necesarias en sus enmiendas.