Facua pide a la Junta sanciones al sector inmobiliario tras detectar irregularidades en el 75% de las inspecciones

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua-A ha reclamado al Gobierno andaluz sanciones "contundentes" al sector inmobiliario tras saber que el 75,4% de los expedientes de inspección abiertos por la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía a empresas del sector inmobiliario sobre la información en la compraventa y arrendamiento de viviendas en 2023 presentan irregularidades.

Esa es es una de las conclusiones relevantes que Facua-A extrae de la memoria de la campaña de inspección publicada por la Consejería de Salud y Consumo.

Facua-A ha explicado que, durante el pasado año, este organismo con competencias sancionadoras llevó a cabo 145 actuaciones agrupadas en 126 expedientes de inspección. De este total, 95 presentaban algún tipo de infracción de la normativa que protege al consumidor en el sector inmobiliario.

En vista de los resultados de la memoria, Facua Andalucía vuelve a demandar más inspecciones y sanciones "contundentes para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente". Por ello, pide al Gobierno de Juanma Moreno que dote de más recursos económicos y personales a la Dirección General de Consumo con el objetivo de que se pueda reforzar la plantilla de inspectores y, con ello, aumentar el número de inspecciones, garantizando de esta forma un mercado transparente y seguro para los consumidores.

PRINCIPALES IRREGULARIDADES

Facua-A ha señalado que, en el 61,9% de las viviendas en arrendamiento, la información a los potenciales inquilinos no se suministra en la forma de Documento Informativo Abreviado (DIA). El Decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía recoge que es obligatorio este documento en la venta de viviendas en proyecto y en construcción, en la venta de viviendas construidas en primera transmisión y en arrendamiento de viviendas, con notas explicativas sobre precios y forma de pago, información y documentación previa a la firma del contrato, etcétera.

Además, en el 57,5% de las inspecciones, la etiqueta de eficiencia energética no se incluye en la oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o de parte del mismo, y en la misma no figura, de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia energética de proyecto, de obra terminada o de edificio existente.

En el 49,4% de los casos no se indica el periodo de validad de la información suministrada al público en general mientras que en el 47% la información orientada a los potenciales clientes no menciona el derecho del consumidor a que se le entregue copia del Documento Informativo Abreviado (DIA), ni tampoco se incluye en la nota explicativa el precio de venta de la vivienda, sus anejos y servicios accesorios, indicando los tributos y otros gastos así como la forma de pago.

APENAS 100.000 EUROS EN SANCIONES

Facua Andalucía ha mostrado su preocupación por "el alto nivel de irregularidades" detectadas en las campañas de inspección desarrolladas por esta Administración durante 2023, más teniendo en cuenta que las cifras incluidas en la memoria se corresponden a segundas visitas. Es decir, después de haber sido avisadas de estos incumplimientos en una primera visita por parte de los inspectores, "estas empresas no han hecho nada por corregirlos y en la segunda visita mantenían las mismas o cometían otras irregularidades".

En la memoria correspondiente al pasado año también se detalla que la Dirección General de Consumo ha incoado 47 expedientes sancionadores a raíz de los 126 expedientes de inspección abiertos. Pese a ello, la suma de todas las sanciones propuestas ha sido de sólo 104.502 euros, siendo la sanción media de apenas 2.223 euros.

Ante las "ridículas" cantidades de estas multas, la federación exige a la administración ser "mucho más contundente e imponer sanciones con cuantías mucho más elevadas, que sean ejemplarizantes, y que sirvan para a aquellas empresas que vulneren la normativa vigente".