La familia del cabo muerto ahogado en Cerro Muriano (Córdoba) pide citar como investigado a un sargento

CÓRDOBA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), muerto el día 21 de diciembre junto al soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), tras ahogarse en una maniobra que requería cruzar un lago en la base militar de Cerro Muriano en Córdoba ha pedido este viernes citar en calidad de investigado a un sargento en base a distintos motivos relacionados con la organización del ejercicio.

En concreto, según exponen en su escrito al Juzgado Togado Central Militar número 2 de Madrid los letrados Antonio Granados, quien representa a la viuda del cabo Jiménez, y Francisco Pérez Romero, quien ejerce la acusación en nombre de los padres del cabo, este jueves se produjo la declaración testifical del citado sargento y se ratificó en la declaración ya manifestada en sede de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Al respecto, dentro de las manifestaciones realizadas por el mencionado sargento, y dentro de su interrogatorio, "se dejaron entrever claramente ciertos aspectos que llevan a considerar el nexo causal de responsabilidad de éste con los desgraciados hechos acaecidos el día 21 de diciembre de 2023".

Así, en la elección de la cuerda recogen que, "si bien quedó acreditado que el sargento secundaba ordenes dispuestas por el capitán Zúñiga y el teniente Tato, éste, bajo juramento, indicó que libremente eligió la cuerda guía a instalar --por lo que teniendo conocimiento del peligroso lugar donde se iba a desarrollar, y el tipo de material que estaba utilizando, debió de haber comunicado a sus superiores la suspensión del mismo por la falta de medios y peligrosidad del entorno--".

Que "si bien había un rollo de cuerda rígida de 200 metros --que obviamente, reforzaría la mínima seguridad que ostentaban los participantes en el negligente ejercicio acuático--, sin embargo, bajo su responsabilidad, optó por instalar las cuerdas menos seguras", a lo que añaden que "está claro que esta acción debía de haber sido cotejada y controlada por su cadena de mandos, pero él no sólo incidió en que no se ejecutara de un modo correcto, sino que desde su inicio mostró elementos de desprecio a la vida de cuantos pudieran necesitar una mínima ayuda, pues conocía perfectamente que la cuerda que instaló no era garante de seguridad ni para una sola persona por sus características técnicas".

En la elección del lugar de celebración del ejercicio, señalan que "el sargento en la misma declaración manifestó que el lugar de celebración de ejercicio en el pantano, así como 'las encinas' donde se ató la cuerda, fueron elegidas por él"; que "fue una actividad realizada bajo su total responsabilidad, puesto que la orden que recibió por el teniente Tato fue que la pusiera en un sitio que cubriera, que bien podría haber sido en un lateral del pantano artificial por ser mucho más accesible a los miembros del PBI", pero, "de nuevo mostrando una actitud totalmente negligente y despreciativa en relación a las vidas de los participantes, optó por el lugar más dificultoso".

Igualmente, apuntan que "este hecho debió de ser controlado por su cadena de mandos, pero recae responsabilidad en el mismo, pues siendo conocer de la dificultad, condiciones atmosféricas y grado de instrucción de los soldados, así como que también tiene la prerrogativa de mandar sobre la tropa por el rango de su empleo, optó por el mismo".

También, los abogados remarcan que "estos hechos son corroborados por diferentes testigos, como un cabo, quien le indicó mientras lo transportaba junto al material en una camioneta que lo que iba a hacer era una locura; el teniente Tato, quien tras ver la instalación de la cuerda le indicó que no lo veía, y el mismo capitán Zúñiga, que en una conversación vía 'WhatsApp' comentaron: 'Capitán, esperemos que no tengamos que ir al rescate', respondiendo el capitán: 'Esperemos que no'".

Por tanto, subrayan que "la temeridad antes de realizar el ejercicio era conocedora por parte de los que tenían mando sobre el personal de instrucción", de manera que "si se hubiera tomado la decisión acertada de no realizar este ejercicio a no cumplir las medidas óptimas para ello, estas muertes se hubieran evitado", defienden, considerando que "se dan, más que justificados, elementos que relacionan al sargento con la comisión de un delito que debe ser investigado por el Juzgado".