SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha reclamado a la Junta de Andalucía un nuevo modelo de financiación "justo" para las residencias andaluzas. Ha asegurado que la situación económica de "una gran mayoría" de ellas es "muy preocupante" debido a una "infrafinanciación" por parte de la Junta, a la que acusa de estar "poniendo en riesgo su supervivencia".
En este sentido, solicita al Gobierno andaluz un nuevo modelo de financiación que permita cubrir los costes de funcionamiento y aquellos "necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona", ha expresado en un comunicado la federación.
Al respecto, ha defendido que es importante realizar un estudio del coste de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo "y no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios, sino en un análisis previo y riguroso del coste real de los servicios". Reclama "su actualización de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades".
En virtud de estadísticas publicadas por el CSIC, según FOAM, a fecha de septiembre de 2022 hay 650 centros residenciales en Andalucía para personas mayores de los cuales 488 son privados (75,07%) y 162 públicos (24,93%). En este marco, ha denunciado que "actualmente y desde primero de mayo" del presente año el precio por plaza concertada en la región se encuentra en 60,92 euros por día, siendo la administración andaluza la tercera comunidad que menos paga por plaza concertada", al señalar que "solo están en peor situación Castilla la Mancha (52,88 euros) y Aragón (57,69 euros), según un informe de la Federación Andaluza de Dependencia (FADE) donde proponen subirlo a 86,33 euros, propuesta que avalamos". Además, ha afirmado que Andalucía "tiene un déficit de 32.759 plazas residenciales para mayores".
Por otro lado, la federación ha transmitido que es necesario impulsar desde el Gobierno central un pacto de estado "para la viabilidad del sistema de la dependencia y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios". En este marco, ha señalado que el Estado "tiene que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración General del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración".