La Cámara de Cuentas advierte de que la financiación de las universidades se hace "sin indicadores sobre eficiencia"

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La financiación de las universidades públicas andaluzas, según un informe de la Cámara de Cuentas sobre los ejercicios comprendidos en el período 2013 a 2018, pone de manifiesto que "desde 2017 la financiación de las universidades se fija anualmente sin la aplicación de un sistema objetivo de indicadores que tenga en cuenta la eficiencia de la gestión y la eficacia en la consecución de objetivos, ni la aplicación de un modelo plurianual de revisión quinquenal por el Consejo de Gobierno".

El informe del organismo de fiscalización externa del sector público de Andalucía traslada, según una nota de resumen del informe, que "la estructura del presupuesto de ingresos de las universidades públicas se caracteriza por una creciente dependencia de las transferencias de la Junta de Andalucía, que representan a cierre de 2018, el 82% de los derechos reconocidos con un valor de 1.500 millones de euros en 2018 y un incremento del 7,5% respecto a 2013", análisis al que suma "una reducción del 12,8% en los recursos propios de capítulo 3".

La Cámara de Cuentas pone de manifiesto sobre el capítulo de gasto de las universidades públicas que "los gastos de personal representan, a cierre de 2018, el 65% de las obligaciones reconocidas netas, alcanzando un valor de 1.174 millones de euros, con un incremento del 14,1% respecto a 2013".

Entre sus recomendaciones finales, el organismo fiscalizador insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a "la aprobación de un modelo de financiación ordinaria para el conjunto de las universidades públicas de carácter plurianual que permita una planificación estratégica y que tenga en cuenta, entre otros, la eficiencia de la gestión y eficacia en la consecución de objetivos".

El organismo fiscalizador traslada que los presupuestos definitivos se han reducido un 1,3% durante el período 2013-2018 mientras que han alcanzado un valor de 2.344 millones de euros en 2018.

El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las universidades públicas de Andalucía del período 2013 a 2018 pone de manifiesto "el cumplimiento con salvedades sobre el control formal de las cuentas anuales de estos ejercicios".

La Cámara de Cuentas afirma que las universidades andaluzas han incurrido en retrasos en el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos sobre la aprobación del presupuesto, de las cuentas anuales o su remisión a la Consejería competente en materia de universidades, aunque con una notable mejoría para el ejercicio 2018.

Tras señalar que la adecuación de las cuentas anuales de todas las universidades al Plan General de Contabilidad Pública no se ha completado hasta el ejercicio 2016, el organismo de fiscalización externa indica que "la Universidad de Córdoba no ha contado con un sistema de contabilidad financiera hasta 2015, mientras que la UCO a partir de 2015, y la Universidad de Sevilla durante todo el periodo fiscalizado, no han formulado, aprobado ni rendido formalmente los estados de contabilidad financiera (Balance, Cuenta de resultado económico patrimonial, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), generando una incertidumbre significativa sobre el reflejo de la imagen fiel de la situación económico-financiera y patrimonial de la entidad, y sus resultados".

Respecto al control formal de las cuentas anuales, la Cámara de Cuentas taslada que "debe destacarse la dilación excesiva en la publicación del presupuesto anual en el BOJA, ausencia de diligencias de registro, formulación y presentación en las cuentas anuales, o la no exigencia expresa de la obligación de rendición de cuentas de las entidades dependientes de las universidades".

Sobre el control interno de la actividad económico financiera de las universidades, "se han observado carencias en el funcionamiento de las unidades de control interno (UCI), derivadas de la ausencia total o parcial de las mismas".

LAS OBLIGACIONES, 1,3 PUNTOS POR ENCIMA DE LOS DERECHOS

Las obligaciones reconocidas y los derechos reconocidos netos se han incrementado un 6,3% y un 5,0%, en 2018 respecto a 2013, hasta un valor de 1.793 y 1.838 millones de euros, respectivamente.

La evolución positiva del grado de recaudación de los derechos ha supuesto una mejora sustancial de las ratios vinculadas de pendientes de cobro (del 48% al 5%), situación de liquidez (del 22% al 62%), liquidez inmediata (del 130% al 205%) y período medio de cobro del ejercicio corriente (de 173,41 a 19,34 días).

El grado de pago de las obligaciones se ha mantenido por encima del 90% hasta alcanzar el 96% en 2018, reduciendo las obligaciones pendientes de pago en un 44,6% y el período medio de pago (de 31,16 a 16,25 días).

Respecto a la implantación de la contabilidad analítica, la Cámara de Cuentas traslada que "ninguna de las diez universidades ha finalizado el proceso de implantación de un modelo de contabilidad analítica que sirva de referencia para la elaboración de las notas 25 y 26 de la memoria de las cuentas anuales, así como para la fijación de los precios públicos por servicios académicos por la Comunidad Autónoma".

Sobre el sistema de fijación de precios públicos, "la ausencia de un sistema de contabilidad analítica ha supuesto un obstáculo para su determinación atendiendo al coste del servicio", ha indicado el organismo de fiscalización externa.

PRECIOS PÚBLICOS

"El precio público por servicios académicos en estudios oficiales por estudiante en el conjunto de las UPAs, sin tener en cuenta compensaciones del sistema estatal y complementarios autonómico y universitario, se ha reducido en un 2,7%, pasando de 823 euros en 2012 a 801 euros en 2018, aunque la variación ha sido diferente según se trate de grado (+2,0%) o máster oficial (-47,3%)", ha indicado.

En relación con la financiación del sistema estatal de becas y ayudas, el importe de la compensación recibida por las universidades derivada del sistema estatal de becas y ayudas al estudio durante el periodo 2012-2018, por la componente de matrícula, ha sido de 367 millones de euros para 567.704 estudiantes becados.

El importe de la compensación anual por estudiante se ha reducido en un 20,4%, y el número de estudiantes becados se ha incrementado en un 39,1%.

Teniendo en cuenta el conjunto de ayudas destinadas al componente de matrícula del sistema estatal y complementario autonómico y universitario, el importe del precio público medio abonado efectivamente por estudiante se habría reducido durante el periodo 2012-2018 en un 38,3%, pasando de 584 euros a 361 euros por estudiante en enseñanzas oficiales.

RECOMENDACIONES A LAS UNIVERSIDADES

La Cámara de Cuentas de Andalucía traslada como recomendaciones a las universidades públicas que la Comunidad Autónoma apruebe "un marco regulatorio de la actividad de control, complementado y adaptado mediante desarrollo reglamentario interno por cada universidad".

El organismo fiscalizador insta a las universidades a "incrementar el grado de ejecución de los créditos para gastos en inversiones reales", por lo que advierte de que "el crecimiento de los gastos frente a los ingresos presupuestarios, se deduce la necesidad de realizar ajustes en la financiación y el gasto para evitar posibles déficits a medio plazo".

La Cámara de Cuentas ha abogado por que "la fijación de los precios públicos por servicios académicos atendiendo a criterios actualizados que tengan en cuenta la evolución de las enseñanzas, titulaciones y alumnado".

El organismo fiscalizador insta a la Junta de Andalucía a "la compensación a las universidades públicas mediante transferencias específicas, de la parte no cubierta por el Estado de la componente de matrícula del sistema estatal de becas y ayudas, y de todas las exenciones y bonificaciones que se incorporen en el Decreto anual de fijación de precios públicos".