El fiscal pide condenar a los acusados de Cedes por "desvío" de fondos públicos y omisión de procedimientos

Señala el "protagonismo" de Isabel de Haro y que Pérez-Sauquillo ordenó que las ayudas no fuesen sometidas a los "procedimientos"

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha acogido este martes la última sesión del juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), correspondiente a las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por la entidad a la sociedad Cedes Electria, en las que la Fiscalía atisba un posible delito de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos.

La sesión ha estado dedicada a la presentación de los informes finales por las partes del procedimiento, que son la Fiscalía, el PP andaluz como acusación particular y las defensas de los acusados, que son Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación entre 2002 y 2012, miembro del consejo rector de IDEA y vocal del consejo de administración de Invercaria; y el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, ya condenado a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de Invercaria y a tres años y un día de cárcel por el préstamo a la empresa Fumapa.

También figuraban como acusados todos los empresarios promotores de Cedes Electria, que fueron José Luis Manzano Seco, Federico Mañero Ruiz y Enrique García Chelle; toda vez que Manzano falleció en 2021 y tanto la Fiscalía como el PP-A retiraron su acusación respecto al que fuera igualmente encartado Bienvenido Martínez Martínez, exdirector de IDEA y consejero de Invercaria, quien ha sido finalmente excluido del juicio y resultará absuelto en la sentencia que se dicte.

En ese marco, el fiscal anticorrupción de Sevilla Fernando Soto ha expuesto en sus conclusiones finales que durante el juicio, ha quedado de relieve que "el único interés" de los empresarios promotores de Cedes Electria, José Luis Manzano como presidente de la entidad y Federico Mañero y Enrique García Chelle como consejeros y administradores de Openmatelec, sociedad participante en Cedes; fue "percibir ayudas públicas".

Es más, el fiscal ha expuesto que tras la creación de Cedes Electria allá en 2008, la entidad estaba directamente "en quiebra desde el primer momento" y arrojó pérdidas en todas sus cuentas anuales, asegurando que los empresarios continuaron con la entidad "para seguir cobrando subvenciones allá donde pudieran" y que abandonaron la misma cuando fueron conscientes de que "ya no iban a conseguir más" ayudas públicas.

En ese sentido, y señalando las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por Invercaria a Cedes Electria, el fiscal ha alertado de diferentes "desvíos patrimoniales" desde Cedes a "terceras" entidades, fundamentalmente pertenecientes a José Luis Manzano, ya fallecido.

LA "EMPRESA FANTASMA" Y EL "DESVÍO" DE LOS FONDOS

Especialmente, ha señalado que la Consultora para la Sostenibilidad Integral (CSI), creada también en 2008 por la empresa de Manzano Alianza por la Naturaleza, Innovación y Tecnología (Anitec) y penmatelec; llegando tal entidad a administrar Cedes ya en 2011, era una sociedad "fantasma, sin actividad" y "absolutamente instrumental, idea que ha llevado al fiscal a insistir en el presunto "desvío" de los fondos públicos cosechados por Cedes, para el pago de servicios de consultoría relacionados con Manzano, "facturas" ajenas a la entidad receptora de las ayudas y proyectos de "terceras" empresas, ninguno en Andalucía.

En ello, según ha alertado, pesa el hecho de que no ha sido localizado "ni un solo" documento oficial que acredite que el proyecto de inversión de Invercaria en Cedes Electria fue debidamente revisado o analizado, toda vez que "no existe ni una sola norma legal que permita que una administración pública promueva lo que (los acusados) hicieron mediante una empresa privada" incentivada con fondos públicos.

EL PAPEL DE ISABEL DE HARO

Es en ese marco en el que ha definido a Isabel de Haro como "protagonista y muñidora" de los hechos al "recibir" a Manzano y "llevarle" con el citado proyecto hasta el exconsejero socialista de Innovacion Francisco Vallejo, --condenado por el procedimiento mediante el cual la Junta de Andalucía orquestó la financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) investigados por irregularidades y ayudas arbitrarias sin publicidad--.

Al respecto, el fiscal ha censurado que De Haro, como responsable pública, "participase directamente en el consejo de administración" de Cedes Electria, una entidad plenamente privada, extremo que ha considerado "absolutamente ilegal". Expresamente, le ha achacado la "concesión directa" de 700.000 euros a Cedes desde el consejo de administración de Invercaria, siendo "consciente" de que la citada empresa no iba a "desarrollar nada" con el dinero. Ese dinero, según ha dicho, fue finalmente a parar a un "testaferro" de Manzano.

LA "SUSTRACCIÓN" DEL PROCEDIMIENTO

De este modo, ha atribuido a Isabel de Haro un "consentimiento" de los hechos, exponiendo que como presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo "fue quien ordenó" que la inversión de fondos públicos de tal entidad en Cedes se "sustrajese de los procedimientos" administrativos de control y supervisión, siendo el mismo "consciente" de que aquello derivó en "una sucesión de ayudas sin lógica aparente" y en favor de Cedes.

Así, el fiscal anticorrupción de Sevilla Fernando Soto ha reclamado una "condena en firme" para los citados cinco encartados, solicitando para Isabel de Haro y Pérez-Sauquillo seis años de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años por un delito de malversación; y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Para Mañero Ruiz y Enrique García Chelle, en paralelo, solicita dos años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por cinco años por el delito de malversación.