La Fiscalía abre diligencias penales por el incumplimiento respecto a las depuradoras, según Ecologistas

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Medio Ambiente ha decidido abrir diligencias de investigación penal, incoadas a partir de expediente de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, por la comisión del posible delito denunciado por Ecologistas en Acción, estableciéndose ahora un plazo de seis meses para investigarlo, en relación al cobro de la tasa de depuración en municipios cuyas depuradoras incumplen la normativa que regula los requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento secundario.

Así lo indica en un comunicado la asociación Ecologistas en Acción, que señala que, dado el carácter supraprovincial de los hechos, se ha acordado la inmediata remisión de las diligencias a las distintas Fiscalías Provinciales para que éstas, a su vez, investiguen los hechos denunciados.

Después de hacer público el informe sobre el grado de cumplimiento de las depuradoras en funcionamiento de las ocho provincias andaluzas, Ecologistas trasladó a Fiscalía el mismo, elaborado a partir de las muestras analíticas de las depuradoras de todas las provincias andaluzas, donde se concluye que en el año 2015 (último año recibido) el 34 por ciento de las depuradoras en funcionamiento no operan conforme al Real Decreto 509/1996.

El colectivo conservacionista solicitó a la Fiscalía esclarecer el presunto delito que estarían cometiendo los ayuntamientos andaluces al continuar vertiendo las aguas residuales urbanas a cauce público sin la debida depuración "de forma continua, dolosa y haciendo caso omiso a los continuos requerimientos de la administración competente, infringiendo, además, los requisitos establecidos en las normas aplicables al tratamientos de las aguas residuales urbanas".

Son los ayuntamientos quienes, en base a la Ley de Régimen Local, están obligados al tratamiento de las aguas residuales y a proteger el medio ambiente y la salud pública, siendo responsables de esta situación los alcaldes y concejales de medio ambiente de cada municipio, según Ecologistas.

"PREOCUPACIÓN" POR USO INCORRECTO DE FONDOS FEDER

Al mismo tiempo que se denunciaba a la Fiscalía, se presentaba ante la Comisión Europea una queja por el incumplimiento del Derecho Comunitario, sin perjuicio de que puedan evidenciarse otros incumplimientos más adelante. "Entendemos que al menos se pueden estar infringiendo tanto la Directiva 91/271/CEE, que regula el tratamiento de las aguas residuales urbanas como la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE, así como otras disposiciones de derecho comunitario y principios y objetivos de la Unión Europea relacionados con ambas normas", señala.

En la citada queja se indica que los últimos datos correspondientes al año 2015 proyectan un incumplimiento de los valores establecidos en la Directiva 91/271/CEE de un tercio de las depuradoras andaluzas. Esta situación estaría impidiendo el cumplimiento del objetivo de alcanzar el buen estado ecológico que marca la Directiva Marco de Aguas del año 2000.

Y también ha trasladado Ecologistas a la Comisión su preocupación sobre el posible uso incorrecto de los fondos Feder, que contenían partidas para las obras de construcción de depuradoras. "La propia Junta de Andalucía admite en el informe publicado a finales del año 2016 que una parte de las actuaciones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2015 han contado con financiación europea, concretamente con 127,6 millones de euros", recuerda la asociación.

Apenas 12 días después de presentar la aueja, la Comisión ha respondido rápidamente para ampliar la información aportada, "lo que denota la preocupación de las autoridades europeas por los hechos denunciados".

Por ello, Ecologistas en Acción exige a las distintas administraciones que establezcan como objetivo prioritario la construcción de las depuradoras que faltan para completar el 'vertido cero' en la comunidad, así como que corrijan de inmediato los problemas que presentan aquellas que funcionan mal e incumplen la norma que regula el vertido de las aguas residuales urbanas.

"De no hacerlo, las sanciones seguirán llegando, y los continuos vertidos sin depurar afectarán a la salud y al medio ambiente a corto plazo en Andalucía", advierten.