Fiscalía Anticorrupción ofrece su colaboración para la futura Ley Antifraude y ve "muy positiva" la Oficina que plantea

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción, a través de su fiscal delegado en Sevilla, Fernando Soto, ha realizado este lunes una valoración en general "positiva" del proyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, y de la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que ésta contempla, y ha ofrecido al Parlamento autonómico su "colaboración" en torno al desarrollo de esta iniciativa legislativa.

Así lo ha trasladado el fiscal Fernando Soto en el transcurso de su comparecencia ante la comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Parlamento en el marco de la tramitación de este proyecto de ley que el pasado mes de marzo superó su debate de totalidad en el Pleno de la Cámara autonómica, y del que ha comentado que "hay instituciones que perfilar", y "algunos aspectos que fundamentalmente coordinar con la legislación general".

El representante de la Fiscalía Anticorrupción ha valorado "de una manera evidentemente muy positiva" la "creación e implementación" de un órgano como la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, y en ese sentido ha comentado que "todos los esfuerzos que se sumen a la lucha contra las malas prácticas, la corrupción, las irregularidades en el sector público, tiene que ser siempre valorado como una buena noticia", aunque debe estar "coordinado con el resto de organismos, no solamente con organismos de la jurisdicción, sino del sector público andaluz", según ha apostillado.

Igualmente, ha valorado como "muy positivo" que en el artículo 9 del proyecto de ley se recojan entre las funciones de la Oficina las de "estudiar, promover e impulsar buenas prácticas de gestión pública en el ámbito del sector público andaluz, formular propuestas y recomendaciones al personal estatutario, funcionario, laboral, a las autoridades, y que de la misma nazcan memorias, informes especiales y recomendaciones".

"La regulación de las mismas y, sobre todo, las consecuencias y cómo se da respuesta por parte de las autoridades, e incluso la formación del propio personal de la Administración pública, nos parece esencial", ha dicho el representante de la Fiscalía Anticorrupción al respecto.

En lo que se refiere a la protección del denunciante, Fernando Soto ha advertido de que el proyecto de ley andaluza "quizá adolece de un poco de descoordinación" con la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo, que está pendiente de trasposición al ámbito nacional, según ha recordado.

Al hilo, ha comentado que el artículo 4 del proyecto de ley, dedicado al ámbito subjetivo de aplicación de la normativa, dejaría fuera del mismo "quizás al personal de administración, y a accionistas, a sus familias, sus propiedades, lo que la Directiva denomina el facilitador".

De este modo, ha opinado que "sería deseable que se definiera bien no solamente ese ámbito subjetivo, sino también el momento de la relación jurídica en el que éstos pueden tener conocimiento y pueden trasladar a la Oficina los hechos por los que tienen conocimiento".

"HECHOS Y SOSPECHAS" PARA DENUNCIAR

De igual modo, ha advertido de que el proyecto de ley en tramitación recoge, al regular las denuncias que pueden dar inicio a la investigación de la Oficina Antifraude, "única y exclusivamente los hechos de los que las personas que van a formular esa denuncia conozcan", cuando la citada Directiva europea permite que esas denuncias sean sobre "hechos y sospechas".

"Un hecho es un indicio, y una sospecha no es más que una hipótesis", ha explicado el fiscal, quien ha reconocido que al contemplar también la opción de denunciar sospechas "corremos el riesgo de convertirnos en altavoz de meras habladurías, en una especie de caza de brujas", pero ha apostillado que es la Oficina la que "debe filtrar y realizar una correcta valoración entre el hecho y la denuncia", además de que la Directiva europea precisa que "esas sospechas deben ser razonables y veraces".

Es decir, "el que denuncia no solamente tiene que transmitir un mero conocimiento abstracto, sino que tiene que dar razón de su ciencia, saber por qué lo conoce y trasladarlo a la Oficina para que ésta lo valore de manera adecuada", ha agregado el fiscal, para comentar a continuación que cree que el proyecto de ley "adolece un poco de coordinación con la Directiva en el sistema de denuncias que se regula en la misma".

De igual modo, ha advertido de que "la ley no puede eximir de responsabilidad, no solamente penal, sino también administrativa, por la divulgación, por revelación de hechos, incluso por el acceso a los mismos", porque "el acceso y la divulgación podrían ser constitutivos de tipos delictivos".

"Por supuesto que la persona denunciante tendrá derecho a una protección, en el contexto y con los presupuestos que la Directiva y luego su transposición establezca", ha abundado el fiscal, quien ha concluido quedando a "disposición" de los parlamentarios "para cualquier aclaración, no solamente hoy, sino las que en el futuro necesiten de la Fiscalía", y ofreciendo "toda la colaboración" del Ministerio Fiscal y la Fiscalía Anticorrupción.