La Fiscalía archiva las ocho denuncias de Marea Blanca por las "prolongadas" listas de espera en el SAS

El Ministerio Público precisa que "no toda situación que afecte a los derechos ciudadanos conlleva un delito"

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ocho fiscalías provinciales de Andalucía han archivado las denuncias formuladas ante las mismas por Marea Blanca, por las "prolongadas esperas sanitarias" bajo la premisa de que las mismas "ponen en peligro las vidas" de los ciudadanos, según ha informado el Ministerio Público.

Para esta denuncia, Marea Blanca exponía que "los tiempos de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sobre todo los que afectan a consultas y pruebas diagnósticas, pueden tener consecuencias graves, irreversibles, e incluso fatales cuando retrasan el tratamiento de patologías graves".

Para Marea Blanca, "esta situación vulnera los derechos fundamentales de las personas a la protección de la salud y la atención sanitaria adecuada y oportuna"; considerando que "los recortes en presupuestos, la reducción de plantillas y las medidas restrictivas impuestas en los últimos años han deteriorado gravemente la atención sanitaria en Andalucía".

Según la entidad denunciante, "el tiempo medio para obtener un diagnóstico completo puede oscilar entre diez y 16 meses, lo que claramente excede cualquier estándar razonable de atención sanitaria efectiva"; mientras en casos de patologías graves, como el cáncer, "los tiempos de espera significan con frecuencia la diferencia entre la vida y la muerte".

Al hilo de esto, la organización consideraba que "la legalidad de estas circunstancias debería ser objeto de una revisión competente, teniendo en cuenta que esta misma causa en concreto ha sido constitutiva de delito en casos individuales según recientes sentencias judiciales".

Pero las ocho fiscalías provinciales argumentan para su archivo que examinadas las denuncias, no se aprecian indicios de infracción penal ni conductas individualizadas que permitan ser susceptibles de imputar responsabilidad penal concreta como delito y carece de justificación alguna la apertura de un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de delito.

También señalan que "no toda situación que afecte a los derechos ciudadanos conlleva un delito", sino que existen otras jurisdicciones que pueden resolver esta cuestión como sería en este caso la contenciosa-administrativa.