Fiscalía de Córdoba, Junta, policías locales y Diputación se coordinan para trabajar ante delitos de viviendas ilegales

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba, el servicio de Inspección de Urbanismo de la Junta de Andalucía, policías locales de la provincia y técnicos de la Diputación que prestan servicios de urbanismo y ordenación del territorio en los pequeños municipios han mantenido este jueves una reunión técnica de coordinación, presentada por el fiscal jefe, Fernando Sobrón, para abordar los delitos de viviendas ilegales.

La reunión, celebrada en el Palacio de Justicia, ha sido convocada por la fiscal delegada de Medio Ambiente, María Eugenia Bautista, quien ha estado acompañada del inspector provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, Nicanor García, y de las fiscales de Medio Ambiente María Trinidad Cerezo y Azahara Buendía.

En una nota, Fernando Sobrón ha señalado que "esta reunión técnica responde a la preocupación de la Fiscalía, recogida en las memorias de los últimos años, ante la proliferación de edificaciones irregulares y el resurgimiento del fenómeno parcelario en suelo no urbanizable que se había atenuado en los años anteriores la pandemia por Covid-19 en el año 2020, así como la instalación de viviendas prefabricadas en rústicos".

En la reunión se ha puesto de manifiesto "la necesidad de todos los actores implicados en la ordenación del territorio para mejorar la gestión, y, para ello, "es imprescindible posibilitar el conocimiento mutuo de las funciones en esta materia de la Fiscalía de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, y de la Inspección de Urbanismo de la Junta de Andalucía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma y Policías Locales".

La Ley 7/21, de 1 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía ha reforzado las funciones de la Inspección y creado un cuerpo de subinspectores urbanísticos, de forma que "la coordinación y conocimiento de sus funciones es especialmente oportuna".

La finalidad de la reunión técnica de coordinación, según ha explicado la fiscal María Eugenia Bautista, "es conocer de primera mano la realidad del territorio y reflexionar sobre la mejor manera de cumplir nuestros deberes profesionales, dando satisfacción al interés social que esta materia suscita, pues, por una parte el infractor tiene escasa consciencia de la gravedad de su conducta, y frente a él, la sociedad civil demanda cada vez más una actuación decidida de los poderes públicos a fin de que el ciudadano no infractor perciba que la legalidad se aplica".

PELIGRO DE INCENDIO O INUNDACIÓN

Del mismo modo, la fiscal ha incidido en que "se va a trabajar sobre el dato de que parte del territorio se encuentra calificado como de peligro extremo de incendio o bien es inundable, lo que requiere una especial atención a fin de evitar riesgos o, reducirlos, en lo posible".

"Queremos contribuir dentro de nuestras competencias --ha señalado-- a la erradicación de estas conductas fomentando una cultura de respeto hacia el urbanismo planificado, a la ley y a los derechos de los ciudadanos, incluidos también los de las generaciones futuras".

El Tribunal Supremo (TS) recoge que "en el urbanismo se encierra el equilibrio de la ciudades, de los núcleos de población en general y, como el concepto de ciudad es abstracto, también incorpora el equilibrio físico y psíquico de las personas que en ellos viven: la armonía, la convivencia, las exigencias inexcusable de la ecología, de la naturaleza y del hombre, que tiene que coexistir buscando el ser humano el equilibrio mismo del medio ambiente que le rodea y en el que vive".