SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juicio de la primera pieza de la causa de Invercaria, que juzga el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la empresa Aceitunas Tatis de la localidad jiennense de La Carolina, ha iniciado su fase final este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con la presentación de las conclusiones de las partes personadas, entre las que se encuentra el representante de la Fiscalía Anticorrupción que ha lamentado que en este proceso, Invercaria, la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
En la exposición de sus conclusiones fiscales, el representante del Ministerio Público, que solicita para el que fuera presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo seis años de prisión y 15 de inhabilitación por un presunto delito de malversación de caudales públicos y diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha indicado que el comportamiento de esas administraciones públicas cuando se inició las investigaciones judiciales, tanto sobre la inversión en Aceitunas Tatis como sobre otras investigaciones, está "más cerca" de "ocultar" los presumibles delitos y "defender" a sus autores que de colaborar con los organismos judiciales a pesar de que, ha matizado, el tema en cuestión es "la malversación de dinero de todos los andaluces".
Para ejemplificar esa tesis, el representante del Ministerio Fiscal ha apuntado que cuando se tuvo constancia de que Invercaria había facilitado a la Cámara de Cuentas un documento interno que recogía el procedimiento a seguir por el Departamento de Análisis de Invercaria, documento que no se había facilitado al Juzgado de Instrucción, se solicitó formalmente la remisión del referido documento al organismo judicial.
Así, tal y como ha continuado el fiscal, Invercaria en lugar de enviar esa documentación "se limitó a remitir un texto que daba explicaciones no solicitadas". En esa línea, ha comentado también que hubo que mandar a la Policía Nacional a la sede de la entidad pública de capital riesgo para lograr la documentación referida al 'Historial de cambios' ante la "renuencia" de Invercaria. "Se ha intentado inducir a error a este juzgado con remisión de información falsa o incompleta", ha abundado.
Para el representante del Ministerio Público, que además pide dos años y medio de cárcel y once años de inhabilitación para la que fuera administradora única de la empresa, Gracia Rodríguez Cortés, en esta causa "ha quedado acreditado" que la inversión a Aceitunas Tatis se realizó "sin la más mínima documentación pertinente y necesaria".
De esta manera, ha sostenido que se incumple la normativa pública a que la está sujeta Invercaria que, pese a ser constituida como una sociedad privada, "su accionista único es una entidad pública como la agencia IDEA y su capital social estás constituido por fondos públicos".
En ese sentido, ha señalado que Invercaria no cumple con la Orden de Incentivos de la Consejería que exigía que toda inversión pública se debe ceñir por "la viabilidad económica, técnica y financiera" de la empresa beneficiaria. Igualmente, ha señalado que se incumple la normativa de la Unión Europea que prohíbe conceder ayudas a empresas en crisis y de manera indiscriminada, supuesto que "se da con el caso de Aceitunas Tatis".
Además, el fiscal ha añadido que se incumple la normativa interna de la propia Invercaria, al entender que el Plan Director que regía esa sociedad de capital riesgo, "pese a que un documento básico y con muchos huecos", es un documento aprobado por el Consejo de Administración de Invercaria que recoge un procedimiento mínimo a seguir que estipula que se debe analizar "todas las propuestas" algo que "no se ha realizado" en Tatis y "en otros muchos casos".
De esta manera, ha censurado que Invercaria concediese "de manera discrecional, caprichosa y deliberada" préstamos participativos sin seguir "normativa alguna" sea pública o privada de "aplicación plena" en esa sociedad de capital riesgo.
Centrándose en la inversión en Aceitunas Tatis, el representante del Ministerio Fiscal ha indicado que es un delito "flagrante" que se ha concedido unos 100.000 euros sin un análisis que "no consta" documentalmente y haciendo referencia a un estudio realizado por la agencia IDEA para la concesión de un aval de salvamento que se le otorgó, estudio que "no se tiene conocimiento de su existencia".
"No hay documentos ni en Invercaria ni en IDEA que sustente que se ha efectuado el análisis que requiere la concesión de esa inversión y los que hay, son de bajo calado", ha subrayado el fiscal.
Con todo, el representante de la Fiscalía, quien ha señalado que existe jurisprudencia para condenar a los acusados en referencia a casos "similares" como Mercasevilla, Zona Franca de Cádiz o Intelhorce, ha señalado que está claro la autoría de un delito penal de la empresaria Gracia Cortés toda vez que actúo "de mala fe" y "consciente" que solicitó la ayuda sin seguir el procedimiento estipulado.
Así, ha señalado que "no consta" que la empresaria realizase una instancia formal de petición de esos 100.000 euros ni que luego aportara documentación "que justificase" el gasto de esa inversión en procedimientos de ampliación de Aceitunas Tatis.
"ORFANDAD" DE DOCUMENTACIÓN
De otra parte, el representante legal del PP-A, presente en esta causa como acusación particular, ha señalado que "no existe" nada que pruebe que la empresaria se personó en Invercaria para solicitar verbalmente una inversión económica en "un periodo anterior" a la concesión de la misma.
Asimismo, ha indicado que en esta causa existe una "orfandad" de documentación y del cumplimiento de requisitos reglamentarios que "hace pensar que existe una concesión de dinero de manera discriminada y arbitraria".
"CAMBIAN" DE CRITERIO DURANTE EL JUICIO
Por su lado, el abogado defensor de Pérez-Sauquillo ha criticado que las acusaciones han ido "cambiando" de criterio durante el desarrollo de la vista oral.
En este sentido, ha lamentado que su patrocinado haya acudido a este juicio "sin saber" que delito penal ha cometido toda vez que en fase de Instrucción "nunca se motivó por qué se le estaba investigado" y es ahora, durante el juicio oral, cuando "por fin" se entera de que se le acusa.
De esta manera, el letrado de la defensa ha señalado que si bien en fase de Instrucción se produjo una "clara indefensión", durante el juicio oral las acusaciones van "cambiando" de criterio y en cada sesión "sustentan su acusación" en un aspecto diferente. Así, ha indicado que "inicialmente partieron con que no se había cumplido el Plan Director para luego pasar por la inexistencia de documentación y acabar diciendo que no se ha cumplido la Orden de Incentivos".
Con todo, el representante legal, que pide la libre absolución para Pérez-Sauquillo, ha criticado que la acusación pretenda "hacer ver" que Invercaria es "un club de amigos que despilfarraba el dinero" y que tome en consideración la afirmación del denunciante de la trama, el exdirector de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, de que "no existió" la reunión, unos tres meses antes de la concesión de la ayuda, entre Invercaria y Aceitunas Tatis "donde se aportó abundante documentación" y, la cual fue corroborada por "cuatro de los cinco asistentes".