GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha solicitado penas de hasta cinco años de prisión para un grupo de 17 acusados de la presunta comisión de delitos contra la salud pública por su supuesta implicación en "operaciones dirigidas al cultivo, transporte y enajenación de sustancias estupefacientes de un modo preconcertado y habitual" en distintos municipios de la costa y el Valle de Lecrín, en la provincia de Granada.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados, entre ellos cuatro mujeres, y dos de ellos de nacionalidad rumana, tienen entre 51 y 24 años y algunos comparten lazos familiares.
En una primera intervención, sobre las 18,30 horas del 13 de junio de 2015, dos de los acusados fueron interceptados, en el marco de un dispositivo policial de seguridad ciudadana, portando, en el automóvil de uno de ellos, en la autovía a la altura de Lobres (Salobreña), 193 gramos de cocaína, por un valor de 11.164 euros, y 95 gramos de hachís, valorada en unos 534 euros.
También en los domicilios de estos acusados, en Salobreña, fueron intervenidas distintas cantidades de marihuana, así como dinero en efectivo, diverso material tecnológico y otro turismo, que se emplearon supuestamente para su "ilegal comercio".
Posteriormente, el 15 de junio de 2015, se intervinieron 380 plantas de marihuana en una finca de Almuñécar, y, el 22 de ese mismo mes, se incautaron unos 50 gramos de cocaína en un automóvil en el aparcamiento de un supermercado en Nigüelas.
En otra operación, el 29 de julio de 2015, en Salobreña, dos de los acusados, al advertir a la Policía, arrojaron la sustancia desde el coche en el que viajaban en la autovía A7 en una bolsa de basura. El 31 de ese mismo mes, en el registro de un domicilio de Motril, donde convivía un acusado con su pareja, los agentes policiales hallaron el inodoro "anegado debido a la eliminación de sustancias estupefacientes". En varias de estas operaciones, también se incautaron de diferente material tecnológico y de telefonía.
Por estos hechos, se piden penas de prisión de entre dos años y nueve meses, y cinco años de prisión, así como multas de entre 60 y 30.000, por supuestos delitos contra la salud pública, interesándose la toma de testimonios para valorar la responsabilidad de uno de ellos respecto de supuestos delitos en el ámbito de la violencia de género y la seguridad vial.
El juicio está previsto que se celebre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada los próximos días 2 y 3 de noviembre.