El acusado niega que tratase con Juan Márquez y se remite a las gestiones del abogado de la Federación Onubense de Empresarios
SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este jueves un juicio, contra un empresario para el cual la Fiscalía reclama tres años de prisión, como cooperador necesario de un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos, derivado de los 300.000 euros recibidos por su empresa de concesionarios de coches para "pagar nóminas" adeudadas a la plantilla, mediante el mecanismo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se detalla que el acusado, Juan José G.D., era el administrador y director general de la empresa Tartessos Car S.L., con sede en Huelva, cuando desde el segundo semestre de 2007, la empresa incurrió en "un endeudamiento de alrededor de siete millones de euros" que agravó su "situación de liquidez" al caer las ventas por "consecuencia de la crisis.
En ese marco, según la Fiscalía, el inculpado, "sabedor de que la Junta a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo podía proporcionarle liquidez inmediata al margen del procedimiento establecido, tras reunirse con el entonces director general de trabajo", Juan Márquez, quien ostentó el cargo de 2008 a 2010; "consiguió que este beneficiase injustamente a Tartessos Car por importe de 300.000 euros para el apoyo al plan de viabilidad y mejora de la competitividad" de la empresa.
Juan Márquez, recordémoslo, está condenado a cárcel por malversación en la causa del mecanismo específico de financiación de los ERE fraudulentos sufragados por la Junta de Andalucía, si bien su pena de prisión está suspendida provisionalmente al reducir la misma el Supremo de siete a tres años. Marquez fue excluido de esta pieza separada de los ERE, al haber sido juzgado ya en la citada causa principal del asunto, sobre el denominado como "procedimiento específico" de financiación.
SIN EXPEDIENTE NI MEMORIA JUSTIFICATIVA
La entrega de los fondos a Tartessos Car fue consumada, según la Fiscalía, "sin expediente alguno" para ello, sin solicitud oficial de la mercantil y "sin memoria justificativa de la finalidad pública e interés de la ayuda", toda vez que la Junta de Andalucía contaba con ayudas de salvamento y reestructuración de empresas viables con dificultades, con una normativa específica.
Así, la Fiscalía achaca al director de Tartessos Car la condición de cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso con malversación de caudales públicos, reclamando para él tres años de cárcel y que restituya a la Junta los mencionados 300.000 euros.
Durante esta primera sesión del juicio, el acusado ha explicado que dada la "crítica" situación de la empresa, solicitó "una ayuda a IDEA", entidad pública dependiente de la Junta que inicialmente rechazó conceder fondos a Tartessos Car a cuenta de sus deudas con la Seguridad Social.
Como "la situación era insostenible", según sus palabras, acudió a la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y entonces, el abogado de la entidad patronal, una figura con "mucho poder" según ha precisado, le "informó de que la Junta estaba estudiando unas ayudas previas a las de IDEA", tras lo cual este letrado de la patronal le habría solicitado documentos como "una carta con las necesidades" de la empresa, de cara a su entrega a la Junta.
EL ABOGADO DE LA FOE
Posteriormente, según ha narrado, el abogado de la FOE le transmitió que la Administración andaluza "estaba estudiando" el caso de Tartessos Car y "posiblemente" aportase fondos a la empresa, como así sucedió con el ingreso de 300.000 euros.
En ese sentido, ha defendido que él no conocía a Juan Márquez ni se ha reunido nunca con él, remitiéndose a la actuación del abogado de la FOE, quien "se dirigiría a quien fuera". "Yo no he tenido ninguna actuación con la Junta ni con las autoridades políticas. Nunca he visto a Márquez", ha asegurado.
De este modo, ha explicado que entendió que los citados 300.000 euros transferidos desde IDEA a Tartessos Cer eran una "medida provisional que luego se iba a descontar" de los fondos que habían sido solicitados a dicho ente satélite de la Junta, insistiendo en que la empresa "lo que reclamaba" como tal era una de las subvenciones convencionales de IDEA.
El dinero público, según ha señalado, fue destinado a "pagar nóminas" porque la empresa arrastraba "una deuda" con sus 62 empleados, sometidos después a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), antes de que la entidad entrase en proceso preconcursal.
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