Fuerzas de Seguridad activan el protocolo para la detención de Juana Rivas

GRANADA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han activado el protocolo para la detención de Juana Rivas, la vecina de la localidad granadina de Maracena en paradero desconocido desde que incumpliera el 26 de julio la orden judicial de entregar a sus hijos al padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar, tras la orden dictada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada que la investiga por un posible delito penal de retención ilícita de menores.

La Policía Judicial de la Guardia Civil y la Policía Nacional han recibido ya la orden de detención y presentación emitida por el juez después de que Juana Rivas no compareciera este pasado martes ante este juzgado, ante el que estaba citada la madre de Maracena, que permanece en paradero desconocido.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil acerca de esta notificación que se ha producido de forma simultánea en todo el ámbito nacional, una vez que el juez dictó el auto con la orden, después de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pudieran localizar a la investigada para su puesta a disposición judicial este pasado martes, "ni en su domicilio, ni en el de sus familiares próximos".

No existe un dispositivo especial en la provincia para su búsqueda, sino que se sigue el protocolo habitual establecido, al no haber solicitud de "actuación concreta" por parte del juez en sentido contrario, al no tratarse de una investigación relacionada con terrorismo u otro supuesto de esa gravedad, han explicado las fuentes.

En el Puesto de la Guardia Civil de Maracena no existe en la mañana de este miércoles ninguna orden que vaya más allá de la que se ha notificado en todos los destacamentos del cuerpo.

El entorno de Juana Rivas espera, por su parte, el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Granada sobre el incidente excepcional de nulidad presentado por esta vecina para la suspensión de la ejecución del la orden judicial que la obligaba a entregar a sus hijos al progenitor, a fin de concretar los próximos pasos judiciales previstos.