La Fundación Guadalquivir Futuro entrega casi todas sus cuentas en el juzgado

CÓRDOBA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Guadalquivir Futuro de la capital cordobesa ha presentado las cuentas que se denunciaron como perdidas en el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba por la investigación de las supuestas mordidas a parados a los que contrataban con ayudas de la Junta de Andalucía, aunque no están completas, sino que faltaría un año fiscal, que también ha sido requerido de nuevo por la juez instructora del caso.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso y ha adelantado el diario 'ABC', que informa de que hace poco más de un mes la juez ordenaba una requisitoria solicitando al asesor fiscal de la Fundación Guadalquivir Futuro que presentase con la mayor celeridad posible una copia de la denuncia a la que aludió cuando declaró como testigo en este caso, después de asegurar a la juez que había sufrido la actuación de un 'hacker' informático, que acabó con la contabilidad de esta entidad.

Al respecto, pese a su declaración, en la que apuntó que no solo había perdido la contabilidad de la fundación, sino de todos los clientes, no presentó prueba alguna de la denuncia en ese momento.

Asimismo, la juez instructora ha ordenado una segunda requisitoria a la Junta de Andalucía para que aporte al sumario la totalidad de la documentación referida a las ayudas públicas recibidas a esta fundación, así como las justificaciones de cada uno de los proyectos.

Como se recordará, los responsables de esta entidad, que dirige Ángeles Muñoz, están siendo investigados por la justicia por supuestamente haber retenido parte de la nómina a parados contratados con fondos de un plan de empleo autonómico.

En este caso, además de Muñoz, están investigados en la causa el vicepresidente de la fundación, el ex secretario general de Juventudes Socialistas (JSA) en Córdoba capital Cristian Menacho y quien fuera número dos de JSA junto a Menacho, Alejandra Pérez, ambos ligados a la Asociación Jóvenes para el Futuro y la Asociación Vecinos Nuevo Guadalquivir.

Mientras, los parlamentarios andaluces de Podemos David Moscoso y Juan Ignacio Moreno Yagüe han ratificado ante la juez la denuncia sobre el supuesto cobro de mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta a la entidad, en la que "la figura presuntamente delictiva es clara en el sentido de que estaban extorsionando a trabajadores", según subrayó Yagüe en su momento.

Además, explicó que parte de los trabajadores "tenían miedo" a denunciar los hechos y advirtió de que "se utilizaba a los trabajadores para cosas distintas a su labor, como ir a mítines del PSOE, limpiar casas particulares y no espacios públicos ni locales", entre otros aspectos que señaló, para mantener que "se utilizaba a las personas más allá de los fines estrictamente contractuales y laborales".