El Gobierno busca un acuerdo con la Junta que evite recurrir al TC la Ley de Servicios Sociales

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Nación ha expresado "discrepancias" sobre varios preceptos de la nueva Ley de Servicios Sociales aprobada el pasado mes de diciembre por el Parlamento andaluz y ha acordado con la Junta de Andalucía designar un grupo de trabajo que proponga una solución.

La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Ejecutivo central en caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los apartados de la norma en los que mantienen "discrepancias".

En concreto, Gobierno y Junta decidieron el pasado 22 de febrero poner en marcha un grupo de trabajo al respecto en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según un acuerdo suscrito por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.

En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas" en relación con los artículos 44.2, 83, 84, 86, 100.2, 105 y 112.3 de la Ley de Servicios Sociales aprobada el pasado 14 de noviembre en el Parlamento andaluz con los votos favorables de PSOE-A, PP-A, Podemos y Ciudadanos y el único rechazo de IULV-CA.

DISCREPANCIAS SOBRE REGISTRO DE ENTIDADES Y REQUISITOS PARA CONCIERTOS

En los apartados de la nueva norma que cuestiona el Gobierno figuran los relativos a la reserva de gestión directa a la comunidad autónoma de determinados aspectos relativos a la provisión de prestaciones o la regulación de la autorización, acreditación administrativa y registro de entidades, centros y servicios sociales.

La administración central también "discrepa" de la regulación de la Junta sobre la participación de la iniciativa privada en la provisión de servicios del sistema público de servicios sociales y sobre los requisitos de acceso al régimen de concierto.

Ante las "discrepancias" expresadas por el Gobierno sobre la regulación andaluza, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al TC "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".

Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".