El Gobierno destina a Andalucía 6,1 millones para familias vulnerables de Ucrania de 400 euros al mes, más 100 por menor

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha destinado a Andalucía una subvención de 6,18 millones (6.182.352 euros) para que la comunidad autónoma financie la prestación de una ayuda económica directa para las personas beneficiarias del régimen de Protección Temporal afectadas por el conflicto de Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes. Dicha ayuda consistirá en un pago de 400 euros al mes por persona adulta que tenga la condición de destinataria final de la prestación, más 100 euros al mes por menor de edad a cargo, así como los gastos de gestión en los que incurra la autonomía.

Según ha informado la Delegación del Gobierno de España en Andalucía en una nota, las personas beneficiaras de esta subvención, recogida en un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, deberán acreditar el vínculo con la persona menor de edad a cargo mediante resolución por la que se concede el régimen de
protección temporal de manera conjunta y empadronamiento conjunto con la persona menor de edad. En el caso de que haya más de una persona
responsable de la menor, únicamente una de ellas podrá percibir la cuantía adicional por menores de edad a cargo.

La ayuda se abonará mensualmente previa justificación de los requisitos y tendrá una duración de un máximo de seis meses. El periodo de ejecución de las actuaciones a financiar será desde la entrada en vigor de este Real Decreto hasta el 31 de diciembre de 2023.

El objetivo de esta subvención es que la comunidad andaluza cuenta con un instrumento que permita, por un lado, prestar asistencia a las personas desplazadas de acuerdo con las obligaciones legales de acogida y de los compromisos políticos asumidos por España, y por otro, no ejercer una presión que pueda resultar excesiva sobre el sistema de acogida. Este sistema debe seguir acogiendo a las personas destinatarias del mismo, fundamentalmente solicitantes de protección internacional, cuyo número no se ha visto reducido por la llegada de personas desplazadas de Ucrania, ha explicado el Gobierno.

A esta cantidad se suman otros 3,5 millones de euros (3.517.140 euros) de una subvención directa a la comunidad andaluza para promover y fomentar una mejor atención de las necesidades básicas de los beneficiarios del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto de Ucrania.

El importe total de estas subvenciones distribuidas por toda España es de 30 millones de euros, cuantía que se destinará a entidades beneficiarias de acuerdo con un criterio de reparto, objetivo y proporcional, basado en el porcentaje que representen las nuevas altas de personas de nacionalidad ucraniana registradas
en el Padrón Municipal publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el periodo del 1 de marzo al 31 de mayo de 2022 respecto del total de nuevas altas de personas de nacionalidad ucraniana registradas en el Padrón en toda España, siempre y cuando dichos porcentajes superen el 0,5% del total. La subvención se abonará en dos pagos.

Con esta medida, el Gobierno financia los incrementos de gastos corrientes y de personal derivados del desarrollo de las siguientes prestaciones y actividades en que incurran las administraciones regionales y locales, como el reforzamiento de los servicios de información y orientación que facilite el acceso equitativo a los
recursos sociales y a servicios públicos; la prestación directa o indirecta de servicios de alojamiento o manutención a las personas beneficiarias de protección temporal; la prestación de servicios de conciliación, ocio y tiempo libre; los servicios de aprendizaje del castellano u otra lenguas oficiales. Serán financiables las actuaciones realizadas entre el 24 de febrero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Las entidades beneficiarias justificarán la subvención mediante la aportación de un certificado emitido por la persona titular del órgano competente, en el que se acredite la realización de la actividad y el importe de los gastos financiables.