El Gobierno fija en 436.328 euros la cantidad a transferir este año a Andalucía para actuaciones de memoria democrática

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha fijado en 436.328,38 la cuantía total de los créditos a transferir este año 2023 a la comunidad autónoma de Andalucía para actuaciones de memoria democrática.

Así se recoge en una resolución, con fecha del pasado 11 de octubre, de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática consultada por Europa Press tras su publicación, la semana pasada, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y donde se da cuenta del acuerdo del Consejo Territorial de Memoria Democrática por el que se determinan los criterios de reparto, así como la distribución resultante de fondos para las Comunidades Autónomas, del crédito asignado en el año 2023 para actividades de memoria democrática y se formalizan los compromisos financieros resultantes.

En concreto, el Consejo Territorial de Memoria Democrática, en una reunión del día 16 de junio de 2023, aprobó por unanimidad el acuerdo por el que se distribuía el crédito previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, destinado a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para actividades relacionadas con la memoria democrática.

Posteriormente, "determinadas comunidades autónomas" presentaron a la citada Secretaría de Estado "una propuesta de proyectos a desarrollar, habiéndose alcanzado un acuerdo para su ejecución", según se detalla en la resolución publicada en el BOE.

ANDALUCÍA, A LA CABEZA EN LA CUANTÍA DE LOS FONDOS

En virtud de la distribución de créditos acordada, Andalucía es la comunidad autónoma que, en términos absolutos, recibirá una mayor cuantía de fondos en este ejercicio de 2023, seguida por Cataluña --a la que se le asignan 399.028,24 euros--; Castilla-La Mancha --con 292.658,25 euros-- y la Comunidad Valenciana, a la que le corresponden 257.305,99 euros en este reparto.

La cifra de 436.328,38 euros a la que asciende el importe definitivo a transferir a Andalucía es el resultado de descontar 12,11 euros de "remanentes no comprometidos" en 2022 por la comunidad autónoma a la cantidad de 436.340,49 euros a la que se elevaba el importe inicial previsto para la región en este año 2023.

La resolución del Ministerio precisa que "estas cantidades deberán destinarse a la ejecución de los proyectos presentados por cada comunidad autónoma, acordados" con la citada Secretaría de Estado y que aparecen recogidos en un anexo de esta resolución.

PROYECTOS EN ANDALUCÍA

En el caso de Andalucía, los proyectos presentados y acordados con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática son cinco, distribuidos entre las provincias de Cádiz, Granada (2), Málaga y Sevilla.

Se trata de actuaciones de localización y delimitación de fosas de Medina Sidonia, El Gastor, Algodonales, Barbate y San José del Valle" (Cádiz); de exhumaciones de fosas de Víznar, Alfacar y Barranco de El Carrizal de Órgiva, en la provincia de Granada, y de Osuna, Lora del Río y Dos Hermanas, en Sevilla, así como de actuaciones de exhumación de las fosas de Almargen y Ardales y localización y exhumación de las fosas de Campillos y Cañete (Málaga), y de identificación genética de restos óseos de víctimas exhumadas de fosas de Andalucía.

El Ministerio que dirige Félix Bolaños detalla también en este documento cómo tendrán las comunidades autónomas que justificar el empleo de los fondos recibidos, de acuerdo con lo dispuesto en unas reglas incluidas en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

"Las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, deberán proceder a un adecuado control de los fondos recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos por los perceptores finales", sostiene en esa línea la resolución que firma el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

De igual modo, el Gobierno emplaza a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla a enviar una serie de informes como "parte de la documentación justificativa del empleo de los fondos recibidos", y donde se detallen "las actuaciones realizadas de localización, exhumación e identificación de víctimas", precisando tanto el número de estudios de localización de fosas realizados como el de fosas identificadas, el de individuos localizados, el de peticiones de exhumación registradas, el de exhumaciones realizadas, el de proyectos de exhumación financiados o impulsados, el de prospecciones "sin resultado positivo", el de víctimas identificadas, familiares encontrados y el número de informes de identificación de víctimas y familiares, tanto "positivas" como "negativas".

Además, el Gobierno quiere que las comunidades informen de "las actividades desarrolladas de divulgación de trabajos efectuados y resultados conseguidos, y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos".