GRANADA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Granada para desalojar las cuevas ubicadas en el cerro de San Miguel, una solicitud que fue ya denegada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Granada el pasado año.
Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el alto tribunal andaluz rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio porque prevalece el derecho individual a la inviolabilidad del domicilio frente a la necesidad del Ayuntamiento de entrar en dichas cuevas.
Según la sentencia contra la que no cabe recurso, la del Ayuntamiento es una solicitud de entrada "acumulada" respecto de una pluralidad de domicilios que "no permite analizar la incidencia de la medida en el derecho constitucional afectado".
Hubiera sido necesario, tal y como afirmó en su escrito el Ministerio Fiscal, una solicitud de entrada "individualizada" por morada que permitiera un "adecuado control sobre extremos tan esenciales como la propiedad, los moradores y la posibilidad de audiencia previa en el expediente en ruina".
Además, según consta en la resolución, que publica el diario 'Granada Hoy', tampoco queda acreditado que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emuvyssa) que es propietaria del terreno lo sea también de las cuevas. "No existe certeza de que todas las cuevas sean propiedad de la empresa municipal, pues al menos un morador exhibió escritura pública de propiedad a los agentes de la Policía Local notificadores".
El TSJA impone las costas a la parte apelante que pretendía con la ejecución forzosa un "desalojo definitivo" de algunos moradores, dado que ordenaba el tapiado de las cuevas "mediante un sistema eficaz, garantizando su inutilización e inaccesibilidad de posibles moradores".
El Ayuntamiento precintó con un amplio dispositivo policial algunas de las cuevas por la "falta de seguridad" y "la insalubridad que existe en muchas de ellas", si bien no pudo hacerlo en aquellas que estaban habitadas. La sentencia menciona al menos 44 moradores. Los afectados achacaron el desalojo a una "especulación inmobiliaria" del Consistorio.
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