Guerrero reitera su negativa a ratificar su primera declaración ante Alaya por el caso ERE

El secretario del tribunal muestra su malestar por tener que leer íntegramente las declaraciones de Guerrero: "No soy una máquina"

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, cuyo interrogatorio ha continuado este martes, ha reiterado que no ratifica la declaración que prestó a principios de marzo de 2012 durante tres días ante la juez instructora Mercedes Alaya, quien abrió la investigación por los expedientes de regulación de empleo (ERE), en concreto la parte correspondiente al último día, el 9 de marzo.

   La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha vivido este martes la octava sesión del juicio a los 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz.

   Guerrero, tras la lectura por parte del secretario del tribunal de la última parte de la primera declaración que prestó ante Alaya, ha vuelto a manifestar, como ya hiciera este pasado lunes, que no la ratifica por "la presión mediática y policial" que padecía entonces para que declarara.

   Durante la misma, Guerrero fue preguntado por los expedientes relativos a las ayudas sociolaborales a las empresas Santana, Acyco, Río Grande, Surcolor, Aglomerados Morell o a las empresas de su exchófer, Juan Francisco Trujillo. Además, reconoció que el expresidente Manuel Chaves, la exconsejera de la Presidencia Mar Moreno y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera "sabían y tenían que saber como se trabajaba allí", en referencia a la Dirección General de Trabajo.

   Entonces la magistrada le pidió que pusiera "nombres y apellidos" a las personas que, según dijo Guerrero un día antes, "están intentando salvar su honorabilidad atacándole a él", y Guerrero citó a Chaves, "que dice que no me conoce de nada", a Moreno, que "me pone a caer de un burro cada vez que puede", y a Viera, que "va diciendo por ahí que soy un indeseable".

   Además, indicó que desde que saltó la investigación de los ERE nadie de la Junta se puso en contacto con él ni recibió presiones, salvo las manifestaciones de algunos dirigentes socialistas, como el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, quien lo llamó "cocainómano, putero y alcohólico", manifestaciones que, según Guerrero, "lo humillaron y denigraron".

   Ante la pregunta de la juez Alaya sobre las ayudas a las empresas de Trujillo, Guerrero explicó que "nunca" se metió en el accionariado de las sociedades a las que ayudaba y que no sabía que su exchófer era socio de algunas de las empresas de la Sierra Norte que recibieron ayudas.

   Sobre su relación con Trujillo, Guerrero declaró ante Alaya que "lo trataba mejor que a un hijo", antes de negar que fuera un cocainómano, pues "un cocainómano no tendría la capacidad mental del declarante", dijo. "No sabe donde se compra. Sólo me gusta el Malboro y el Beefeater con tónica en el postre", manifestó el ex director general, quien apuntó a una "revancha personal" de Trujillo o a que "alguien pudiera estar interesado en echar más mierda sobre él" como motivos para que el exchófer dijera que destinó una de las ayudas recibidas a comprar cocaína "para su jefe y para él", mientras que también dedicó parte del dinero a "ir de fiestas y copas".

   En este sentido, Guerrero afirmó que no era alcohólico, sólo tomaba un 'gin tonic' al día.

"NO SOY UNA MÁQUINA"

   La lectura del acta de la declaración de Guerrero ante Alaya ha provocado que el secretario del tribunal, encargado de dar lectura al mismo, mostrara su rechazo a continuar con las preguntas que el ex director general no respondió acogiéndose en su día a su derecho a no declarar.

   "No soy una máquina. Tengo derecho a parar y beber agua", ha manifestado Castro, que incluso ha indicado que la lectura de estas preguntas no tienen nada que ver con la declaración de Guerrero, pues "no está dando fe de nada". El secretario del tribunal ha solicitado la presencia de una auxiliar para que continuará con la lectura, pues el tribunal ha señalado que la lectura del acta completa es lo acordado.

   La sesión ha continuado, tras el receso, con el visionado del vídeo de la declaración de Guerrero por iniciativa propia ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, el 21 de octubre de 2015, aunque no se ha podido ver de forma íntegra antes de finalizar esta sesión del juicio, por lo que hasta este miércoles no se sabrá si la ratifica o no, como ha hecho con las anteriores.

   Guerrero comenzó aquella declaración queriendo dejar "de una vez claro" cómo era el sistema de concesión de ayudas sociolaborales en Andalucía, "exactamente el mismo que marcaba la Orden ministerial del 5 de abril de 1995".

   "Teníamos un control, cuando alguien no cobraba venía a la Consejería", afirmó sobre los controles de esas ayudas a trabajadores. Las compañías eran quienes "comprobaban" si los trabajadores tenían derecho a ser beneficiarios de las ayudas. Preguntado por el control sobre las ayudas, explicó que "no tenía inspección" en la Dirección General para controlar, sino que "anualmente se veía con las compañías si los trabajadores cobraban anualmente".

REUNIÓN QUE AVALABA EL SISTEMA

   El ex director general aseguró en su declaración que en el año 2005 hubo una reunión en la Consejería de Hacienda a la que asistieron tanto él como el entonces interventor general de la Junta Manuel Gómez y la exviceconsejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, todos ellos imputados en la causa.

   Esta reunión, según Guerrero, se convocó por Barberá tras el informe de la Intervención General elaborado en 2005 en relación al ejercicio 2003 de la agencia IFA/IDEA. Tras la misma la conclusión de Martínez Aguayo fue que "se siguiera con el procedimiento --de concesión de ayudas-- tal y como se estaba llevando a cabo, nos levantamos y nos fuimos". "No le pareció mal a nadie", insistió.

   "Cuando uno está en una estructura y un superior mandata una función, lo lógico es o le haces caso o te vas a tu casa", afirmó Guerrero, que recordó que en la administración "la misión política no se puede olvidar nunca". Asimismo, aseguró que "siempre actuaba dentro de la legalidad", pues "no entendía que una administración le dé a un gestor un sistema no legal para llevar a cabo su trabajo".

AYUDAS A EMPRESAS PARA DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

   Cuestionado por los criterios que seguía para la concesión de ayudas, si las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 o el convenio marco de 2001 suscrito entre la Consejería competente en materia de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Guerrero afirmó que "las ayudas sociolaborales siempre se regían de la misma manera", en referencia a la orden ministerial de 1995, matizando que en el caso de Valeo la Junta "pagó su parte por el convenio y el Ministerio por la orden".

   En este sentido, confirmó que "sí" hubo ayudas a empresas para pagar deudas a la Seguridad Social o créditos bancarios. Cuestionado si a cargo de la partida 31L se pagaron ayudas comprometidas por el titular de la Consejería de Empleo o, incluso, otros consejeros, Guerrero aseguró que sí. "Un año se pagaron 900.000 euros, por compromiso del consejero de Empleo, para atender un problema del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía", explicó.

   La octava sesión ha concluido con la admisión parte del tribunal de la petición de la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández para declarar más adelante --previsto detrás de Guerrero-- por una "disfonía incapacitante". Así, tras pasar por el médico forense este mismo martes el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, ha fijado inicialmente para el día 5 el interrogatorio a Fernández.