Un informe de la EAPN apunta que la mejora en los datos de pobreza marca la desigualdad en Andalucía

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado este lunes 22 de mayo el Informe 'El Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas', el cual refleja que la mejora en los datos de pobreza marca la desigualdad en Andalucía.

Este informe, según ha indicado la EAPN en una nota de prensa, se trata de un avance de resultados del capítulo de comunidades autónomas que se incluirá en el XIII Informe sobre el estado de la pobreza el próximo otoño, elaborado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2022, del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este informe, EAPN-ES ha ofrecido un primer análisis de los datos e indicadores de pobreza y exclusión social autonómicos, poniendo de manifiesto la desigualdad social y económica de los territorios que componen el Estado español, y la necesidad de reducir las importantes brechas que se derivan de ella en la calidad de vida de las personas.

Los datos reflejan una división de España en dos mitades norte-sur con muy diferentes realidades de vida. Aunque se constata un proceso de reducción de la desigualdad territorial desde 2016, es todavía muy insuficiente: las tasas Arope y de Privación Material y Social Severa (PMSS) regionales más elevadas multiplican por 2,5 y por tres, respectivamente, a las más bajas.

En Andalucía la tasa Arope en 2022 experimenta un acentuado descenso (-2,9 puntos porcentuales), hasta situarse en un 35,8%, esto supone que 3.049.840 andaluces están en riesgo de pobreza o exclusión social, que, pese a esta mejoría, se mantiene junto a Extremadura y Canarias, entre las tres comunidades con más población en riesgo de pobreza o exclusión.

Esta mejora de la tasa Arope está provocada por la reducción de la tasa de riesgo de pobreza (-3,2 p.p.) y de las personas en hogares con baja intensidad en el empleo (-6,1 p.p.). La nota negativa la pone el incremento de un punto porcentual de la población en privación material y social severa. Además, aunque se reduce la tasa de pobreza severa (-1,5 p.p.), ésta sigue siendo la más elevada de todas las regiones.

La pobreza severa, es decir, las personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725 euros por unidad de consumo al año (560/mes), en 2022 había en España un total de 4,2 millones de personas, es decir, el 8,9 % de la población. En Andalucía, la tasa de pobreza severa afecta a más de una décima parte de su población: 1.220.214 de la población andaluza se encuentra en esta situación, lo que supone un 14,4%, siendo la comunidad con mayor alto porcentaje de población en esta situación, junto con Canarias (13,2 %), Murcia (11,6 %) y Extremadura (10,2 %).

La evolución del indicador de Privación Material y Social Severa con respecto a 2021 se ha visto deteriorada en nuestra comunidad, sobre todo en aspectos como el de pobreza energética: en 2022, un 21% de la población andaluza no tuvo capacidad de mantener su vivienda con una temperatura adecuada, frente al 18% de 2021. Andalucía también presenta un mayor porcentaje de personas que no tienen la capacidad de afrontar gastos imprevistos, además, han empeorado su situación respecto del año pasado, pasando del 42,5% en 2021 al 44,8% en 2022.

Otro de los datos que enmarcan la desigualdad territorial es la renta media por persona para el año 2022, que se situó a nivel nacional en 13.008 euros, suponiendo un incremento del 6% respecto del año 2021. En Andalucía también crece este dato, ascendiendo en 2022 a 10.703 euros, que supone mejoría respecto al año anterior pero que la sitúa en la tercera comunidad con menor renta media por persona después de Extremadura y Murcia.

Es necesario también poner en valor las medidas del Escudo Social, que se han notado en todas las regiones. Una evidencia de que la salida de las crisis por la vía de la garantía de derechos funciona, con una mayor inversión en políticas públicas y en protección social, especialmente relevante si comparamos la situación actual con lo sucedido tras la crisis de 2008.

La desigualdad territorial, que se refleja en la práctica totalidad de los indicadores utilizados para medir pobreza, exclusión y vulnerabilidad, es un factor fundamental para el incumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 comprometidos por España. Este Informe muestra cómo todas las CCAA están alejadas de su grado de cumplimiento, si atendemos a la previsión para el año 2022. Así, se aprecia que, pese a la mayor reducción de las tasas de pobreza en Andalucía, nuestra región está más alejadas de los objetivos que otras del norte del país, con disminuciones menores de su tasa Arope el pasado año.