CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo en Córdoba Miguel Martínez Múrez (PA) ha ingresado en prisión para cumplir la pena de dos años que le fue impuesta por falsedad en documento oficial, prevaricación y fraude a la Administración, después de que la Audiencia Provincial de Córdoba haya dictado este miércoles la orden de busca y captura para su ingreso en la cárcel.
Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales y ha adelantado 'Diario Córdoba', Martínez Múrez debía haber ingresado en la cárcel el martes, pero desoyó la orden y este miércoles al mediodía aún no lo había hecho de forma voluntaria, motivo por el que la Audiencia Provincial dictó la orden para que ingresara en el centro penitenciario, que se ha producido este jueves.
En concreto, el exalcalde de Encinarejo fue condenado en octubre del año 2014 a tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación. Según la sentencia, el exalcalde obtuvo una subvención de la Junta de Andalucía por valor de 41.481 euros para la adaptación del antiguo depósito de aguas de Encinarejo a torre mirador.
Sin embargo, la empresa adjudicataria cesó en los trabajos y Múrez, saltándose el procedimiento de contratación, adjudicó la obra a otra empresa. Fue entonces cuando para pagar la actuación ideó solicitar una nueva subvención, en este caso para un sendero cicloturista ya ejecutado. Para eso requirió una factura a la adjudicataria por ese concepto y obtuvo otros 26.057 euros.
Tras la condena, Martínez Múrez acudió al Tribunal Supremo (TS), que estimó parcialmente su recurso de casación y el del Ministerio Público. Así, el Supremo dictó una nueva sentencia en julio de 2015 en la que, de un lado, aplicó la atenuante de dilaciones indebidas y, de otro, añadió un tercer delito --el de fraude a la Administración, como solicitaba la Fiscalía--, quedando la condena definitiva en dos años de prisión y siete años y seis meses de inhabilitación.
Aunque el exregidor solicitó entonces la suspensión de la pena, la Audiencia Provincial se la denegó, porque, según fuentes judiciales, ya se le había suspendido otra de 18 meses de cárcel y porque acumulaba diversas condenas, la mayoría por prevaricación urbanística, en este caso de inhabilitación y multa.
Así las cosas, ya a primeros de 2016, Martínez Múrez solicitó el indulto al Gobierno para evitar su ingreso en prisión y la Audiencia Provincial, esta vez sí, accedió a suspender la ejecución de la sentencia en espera del pronunciamiento del Gobierno. La respuesta llegó en enero de este año. El Gobierno le denegó el indulto y lo abocaba a la cárcel. De hecho, unos días después se le requirió para su ingreso en prisión, aunque solicitó un aplazamiento y se le concedió por un mes.
Concluido este plazo, se le puso una nueva fecha para su entrada en el centro penitenciario, pero de nuevo pidió un aplazamiento y posteriormente la sustitución de la pena. Finalmente, según las fuentes consultadas, el lunes se le comunicó que en 24 horas debía ingresar en la cárcel, pero ni el martes ni este miércoles había constancia de que hubiera cumplido con la orden.