Un investigado reclama la imputación de las aseguradoras por las sobrecomisiones de los ERE

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un investigado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha solicitado la imputación de los que fueran representantes legales de dos compañías aseguradoras en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los ERE, en la que hay 30 personas investigadas, entre ellas el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero o el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el dueño de dos sociedades mediadoras investigadas en el caso, José González Mata, solicita la declaración como investigados de los que fuera representantes legales de Generali y VidaCaixa entre los años 2001 y 2012 al entender que serían autores por cooperación necesaria de un delito de malversación.

Además, solicita traer el proceso a las propias aseguradoras como responsables civiles directos, todo ello ante "el hecho irrebatible de que eran las aseguradoras quienes pagaban las comisiones a pesar de saber su alta cuantificación", de manera que "existen indudables indicios racionales de la intervención de las aseguradoras en el presunto ilícito penal, desde el momento en que su cooperación al pago de las comisiones era no sólo necesaria sino imprescindible, de forma tal que el presunto delito no podía haber sido cometido sin su concurso".

El dueño de Uniter y de Ingotor insiste en su escrito en que "el importe de las comisiones percibidas" por él a través de sus sociedades "no era dinero público, sino que eran cantidades que satisfacían las compañías aseguradoras para las que mediaba", todo ello "en concepto de comisión por la intervención en la formalización de determinadas pólizas de seguro".

Según afirma, "quienes abonan las comisiones al mediador son las compañías aseguradoras", de manera que "se trata de un flujo monetario que se produce entre dos empresas privadas --la aseguradora y la entidad mediadora--", agregando que "el importe de la comisión que recibe la mediadora, sea mucho o poco, no integra el concepto de caudales públicos a los efectos del delito de malversación" atribuido, ya que "no es dinero público, no es caudal que proceda del erario común".

No obstante, agrega que si "estuviésemos ante una conducta malversadora (lo que negamos), nos encontramos con una realidad ineludible", y es que "si las comisiones provenían de dinero público y estaban sobredimensionadas hasta el punto de constituir e integrar uno de los tipos penales de que se acusa" al dueño de Uniter, como es el de malversación, "es innegable que en dicha dinámica comisiva ilícita intervinieron y cooperaron necesariamente las compañías aseguradoras que pagaron las repetidas comisiones, Generali y VidaCaixa".

Añade que estas compañías aseguradoras "se han venido hasta ahora escudando en que ellas no fijaron el importe de las comisiones, sino que atendieron a las instrucciones del director general de Trabajo de la Junta", aseverando que "a nadie se le puede escapar lo poco plausible de tal explicación", ya que "si en verdad el dinero era público, y si en verdad las comisiones eran exacerbadas, las compañías aseguradoras pudieron y debieron negarse a su pago".

"Y si no lo hicieron, han de asumir las consecuencias de su acción, que indudablemente reúne indicios delictivos suficientes para que los mismos se diluciden en la presente causa", pone de manifiesto el imputado en el escrito.