SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Trabajo del Parlamento andaluz relativo a la lucha contra la violencia de género en Andalucía contará este viernes con la intervención de Elena del Pilar Ramallo Miñán, Doctora en Derecho, investigadora y experta en violencia contra las mujeres y los menores, quien propondrá en la Cámara el desarrollo de una ley específica contra la violencia vicaria y de extensión, así como el abordaje de medidas legislativas concretas dirigidas a las víctimas en el ámbito laboral.
Ramallo, natural de Galicia, es una de las investigadoras más destacadas en el ámbito de los derechos humanos de España con proyección internacional, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Defensora de Derechos Humanos. Además, ha ejercido durante años como portavoz de asociaciones, así como del Consejo Nacional de Víctimas. Sus investigaciones la han llevado a ser nominada a los Premios Princesa de Asturias 2022, la Medalla al Mérito del Ministerio de Trabajo en la categoría defensa de la Igualdad, derechos laborales víctimas de violencia machista 2024, Premio de Mujeres Anne Klein y al Premio Internacional de Derechos de las Mujeres, entre otros.
Sus investigaciones sobre violencia de género cuentan con un enfoque múltiple y el análisis de más de un millar de casos, entre los que figura el suyo propio, al haber sido víctima junto a sus hijas.
Sobre la situación general de las víctimas, Ramallo, en declaraciones a Europa Press, ha hecho hincapié en el "mal diagnóstico" que se realiza desde las autoridades competentes, apuntando también hacia una "falta absoluta de coordinación" entre los ministerios del ramo, y a su vez, de los mismos con las diferentes comunidades autónomas. Además, la investigadora observa, dentro de las regiones, desalineación entre los organismos pertinentes.
Entrando en materia de violencia vicaria, un asunto alarmante ante el repunte de casos, ha llamado a analizar "medidas concretas para identificar dónde están los grandes fallos, que se traducen en víctimas". Así, la experta en violencia machista apuesta por el desarrollo a nivel autonómico de una legislación específica que aborde este tipo de violencia, para posteriormente trasladarla a nivel estatal.
Ramallo ha alertado que la violencia vicaria y de extensión "no existe actualmente como concepto jurídico" al tiempo que ha subrayado que es necesario "una ley propia para este problema, que contribuya a realizar un diagnóstico e identificar los fallos".
Además, también llevará a la Cámara autonómica otra de sus principales investigaciones, centrada en la necesidad de un acuerdo nacional para legislar de forma específica los derechos laborales de las víctimas. A este respecto, ha aseverado que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género "no desarrolla el ámbito laboral de las víctimas" y ha resaltado que, en el caso de procesos judiciales "la falta de desarrollo legislativo hace que los casos acaben en ámbitos laborales ordinarios en lugar de tribunales específicos en materia de violencia machista".
Además, ha puesto de relieve que la protección a las víctimas "no está incluida en los convenios laborales, por lo que "queda a voluntad del empresario", caso que también se repite en la Administración, donde "no hay protocolos para las funcionarias". Por lo tanto, la gerencia pública "no cumple su papel subsidiario", ha advertido Ramallo.
ENTREVISTA CON EL MINISTERIO DE TRABAJO "PENDIENTE DESDE HACE 3 AÑOS"
La investigadora ha puesto de relieve que lleva tres años intentando mantener un encuentro con la vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para presentarle esta propuesta sobre los derechos laborales de las víctimas, un trabajo nominado a la Medalla al Mérito en el Trabajo en la categoría de Igualdad.
"Desde hace tres años intentamos hablar con la ministra con el fin de que mi investigación pudiera volcarse en la Reforma Laboral, pero no hemos obtenido respuesta", lamenta Ramallo, para concluir advirtiendo que el problema ante la violencia de género "no es la falta de recursos, sino de voluntad".
Andalucía
