IU acusa a Junta de "mentir" y "parcelar" el acceso a la RMI con un decreto que "deja en la cuneta a miles de personas"

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de IULV-CA ha acusado al Gobierno andaluz de "mentir" tras plantear un decreto para regular la Renta Mínima de Inserción (RMI) que "parcela" el acceso a la misma y con el que "va a dejar en la cuneta a miles de personas que hoy son las más vulnerables en Andalucía".

En rueda de prensa, el diputado de IULV-CA portavoz de Empleo y vocal de la Mesa del Parlamento, José Antonio Castro, ha afirmado que "algo tan cacareado por el Gobierno andaluz como ha sido la ampliación de la cobertura que la RMI hacía a todos los andaluces" se reduce tanto por la forma de acceso a ese derecho como por el desarrollo normativo.

Así las cosas, también ha insistido en que la cantidad asignada a la RMI, "el conglomerado de programas y de partidas que existían en la Junta y que han servido para hormar esta renta, no es suficiente", y ha recordado que así lo han planteado organizaciones como Save the Childrens, que "plantea que el decreto va a ser incapaz de abordar la exclusión y la pobreza infantil en Andalucía".

Además, analizando el decreto, IULV-CA ha criticado que la cantidad de documentación que hay que aportar para poder acceder a la RMI es "ingente". "Es de tal volumen que parecería lógico que la Junta ofertara un cursillo para poder echar la RMI", ha apostillado.

Otro de los aspectos que rechaza la coalición de izquierda es que "se establece que el silencio administrativo sea negativo para la persona solicitante", de modo que este derecho social estará regido por el silencio administrativo y "dicho silencio impedirá acceder al mismo".

De otro lado, y en cuanto al requisito de la vecindad administrativa, Castro ha avisado de que el decreto contempla que todos los solicitantes de la Renta Mínima deben tener la residencia administrativa en Andalucía al menos un año antes de realizar la solicitud; y también ha incidido en que en el caso de los extranjeros, "esa condición está restringida a tener la tarjeta de residencia tanto de las personas solicitantes como el resto de la unidad familiar".

"Aunque parece razonable tener la tarjeta de residencia para estar empadronado, hay inmigrantes residentes en Andalucía que, a pesar de no tener la residencia, sí están empadronados", ha sostenido el parlamentario de IULV-CA, quien ve que con estos criterios la Junta "restringe y parcela el acceso a este derecho desarrollando un decreto que va a dejar en la cuneta a miles de personas que hoy son las más vulnerables en nuestra tierra".

APLICACIÓN DE LAS 37,5 HORAS

En otro orden de cosas, y a cuenta del catálogo de actividades facilitado a los empleados públicos de la Junta para dar cumplimiento a la jornada de 37,5 horas tras la sentencia del Tribunal Constitucional, Castro ha reclamado que los partidos conozca el detalle "de lo que la Junta elabora y acuerda con los sindicatos" en este sentido pues, a día de hoy, no lo conocen.

"Nos gustaría tener más detalle de cómo va a articular la Junta esa contingencia y cómo va a garantizar en función de la normativa estatal que esas 2,5 se puedan cumplimentar a través de cursos de formación y de las tareas domiciliarias que se les puedan encomendar", ha señalado el dirigente de IULV-CA antes de recordar que la normativa estatal "tiene una serie de limitaciones".