IU-CA sitúa a Díaz como "responsable político por acción negligente y pasividad", en enmiendas a comisión de formación

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

IULV-CA considera que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y su actual consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, son "responsables políticos por acción negligente y pasividad" en el asunto de los fondos de formación, según se desprende de sus enmiendas al dictamen de la comisión de investigación del Parlamento sobre las subvenciones otorgadas por la administración autonómica en materia de formación profesional para el empleo (FPE) desde 2002 hasta la actualidad.

Para Izquierda Unida, se ha constatado la existencia de una "red clientelar política" y de un "fraude político respecto del deber de buen gobierno y buena administración".

En dichas enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, Izquierda Unida señala que ambos tuvieron una actuación "negligente" porque el informe de Intervención General de la Junta referido a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo, del 15 de diciembre de 2016, concluye que, "no se han implantado de forma suficiente las recomendaciones propuestas", mientras que achaca su "pasividad" a la "demora de tres años en la aprobación de la nueva orden de convocatoria de subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo, cuando los cambios se podrían haber materializado, si de voluntad política se tratara, en un periodo de entre 6 meses y un año."

Asimismo, Izquierda Unida también considera a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, "responsable política por no comparecer en la comisión de investigación" y al que fuera delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, "por no comparecer al abandonar la sesión de la comisión de investigación sin que esta hubiese finalizado".

Para Izquierda Unida, la política de formación para el empleo implementada a lo largo de los años, objeto de la comisión de investigación, ha estado caracterizada por "ausencia de coordinación política y de evaluación al no haber objetivos concretos"; por una "administración pública conducida a la falta de personal público suficiente para hacer efectivo el deber de seguimiento y control de las subvenciones otorgadas y poco motivada"; por un "ambiente de impunidad política aprehendida"; por una "red clientelar política", y por un "fraude político respecto del deber de buen gobierno y buena administración".

Señala también en sus enmiendas que, por varias de las intervenciones de personas comparecientes titulares de los centros directivos de la Consejería de Empleo, se ha podido constatar "una ausencia de conocimiento, coordinación y evaluación de las políticas públicas de formación profesional para el empleo en particular y de empleo en general.

Señala que la administración pública andaluza "ha sufrido también las consecuencias de este desbarajuste y llueve sobre mojado en la Consejería de Empleo". "La falta de voluntad política para atender las demandas de los empleados públicas tiene consecuencias muy negativas respecto del funcionamiento correcto de la administración, a la motivación de los trabajadores públicos, así como con respecto a la percepción e imagen que el pueblo andaluz pueda tener de su administración andaluza en materia de empleo en general, y de formación para el empleo en particular", según señala.

"DÉFICIT ABSOLUTO DE COORDINACIÓN"

Para IULV-CA, en términos generales, tras el análisis de la documentación de la comisión investigación y de las comparecencias realizadas, se constata "un déficit absoluto de coordinación": "desde la dirección política a los órganos gestores, desde los servicios centrales hasta los periféricos en las provincias".

"Esta comisión ha podido detectar fallos en casi todas las fases que se dan en la gestión de la Formación Profesional para el Empleo", según IULV-CA, que se ha referido, por ejemplo, a la "eterna falta de personal que ha acompañado a la ingente tarea de llevar adelante todos los procedimientos pertinentes en el proceso de la Formación Profesional para el Empleo".

En su opinión, la Junta de Andalucía "es incapaz de evaluar y valorar adecuadamente la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, sencillamente porque no lo ha hecho a lo largo de toda su implantación". "La rendición de cuentas no es posible porque no se ha podido realizar un seguimiento y control efectivo en el día a día, anualidad a anualidad", ha indicado, apuntando que "tampoco existía una planificación única y coordinada para toda la comunidad autónoma de la oferta a las personas desempleadas".

Según IULV-CA, los funcionarias provinciales y de los servicios centrales comparecientes en la comisión de investigación confirmaron "la ausencia de criterios para toda la comunidad en cuanto al seguimiento de los cursos". Añade que, a pesar de que la Ley General de Subvenciones, contempla la concurrencia competitiva, "como norma general en Andalucía se ha estado haciendo lo contrario en la Formación Profesional para el Empleo".

Dentro de la concesión, según Izquierda Unida, se han apreciado "las anomalías referentes a disparidades entre los cursos subvencionados y los requisitos que deben reunir no coincidentes con la norma, las modificaciones de resoluciones de concesión, la incompetencia de órgano para adoptar resolución, o la ausencia de determinada documentación son recurrentes".

En cuanto al proceso de justificación y liquidación de las ayudas hay que destacar, según plantea en sus enmiendas, "como en todas las fases, procesos y vida de la formación profesional para el empleo, la inoperancia y ausencia de dirección política y coordinación de la administración competente".

IULV-CA censura además en sus enmiendas que una figura excepcional contemplada en la normativa como son las exceptuaciones se hayan utilizado "como norma general de actuación", lo que ocasionó que la Junta fuera acumulando "un ingente volumen de libramientos pendientes de justificar, que en muchos casos no eran otra cosa que justificaciones presentadas por el beneficiario pero que no estaban ni revisadas ni liquidadas".

"Esta exceptuación generalizada provocó que se dejaran de revisar más de 8.500 expedientes de justificación durante todos estos años", según Izquierda Unida.