SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de IULV-CA ha considerado este martes que la celeridad con la que el Gobierno andaluz ha encontrado una solución a la jornada de las 37,5 horas, después de que el Tribunal Constitucional anulara el decreto andaluz para devolver las 35 horas a los empleados públicos, "hace pensar que el decreto de las 35 horas nació como un plan A para confrontar con el Gobierno central y lavar la imagen de Susana Díaz, y el plan B nace para resolver un problema que el Ejecutivo andaluz sabía que generaba".
Así lo ha planteado, en rueda de prensa, la portavoz adjunta y responsable del área institucional de IULV-CA, Inmaculada Nieto, en la misma mañana en la que está previsto que el Consejo de Gobierno dé luz verde a un nuevo decreto, previamente negociado con las centrales sindicales, para dar cumplimiento a la sentencia del Alto Tribunal.
Tras recordar que IU ha solicitado que se modifique el orden del día de la sesión plenaria que arranca este martes para que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, explique ante el Pleno las consecuencias de esta sentencia; la representante de IU ha puesto en cuestión la celeridad con la que el Gobierno andaluz ha encontrado una solución tras el fallo del TC.
"La Junta comunicó la solución en menos de 24 horas una vez que se conoció la sentencia del TC, en menos de 48 horas se ha reunido con los sindicatos, y en menos de 72 horas se va a aprobar el acuerdo en Consejo de Gobierno", ha relatado Nieto, quien cree que esta circunstancia "hace pensar que el decreto nació como un plan A para confrontar con el Gobierno central y lavar la imagen de Díaz, y el plan B nace para resolver un problema que el Ejecutivo andaluz sabía que generaba".
Para IU, es "lamentable" esta situación pues, a su juicio, "se juega con las expectativas de cientos de empleados públicos que estaban pendientes de qué se concretaba con este asunto tan enredado".
Y es que, como ha relatado Nieto, para entender qué ha llevado hasta este punto cabe recordar que el decreto ahora anulado por el TC que devolvía la jornada de 35 horas a los empleados públicos andaluces fue aprobado por el Consejo de Gobierno en noviembre del 2016, "cuando el PSOE acababa de facilitar la investidura de Rajoy, lo que generó una crisis formidable en el PSOE; y cuando estaba en liza la Secretaría General de este partido, a la que optaba Susana Díaz, cuya imagen estaba muy desacreditada por forzar la reelección de Rajoy".
"En ese contexto de lavado de imagen de Susana Díaz nació este decreto de las 35 horas, que venía con precedentes de rechazos del TC, ya que otras dos comunidades presentaron decretos en términos similares que fueron recurridos por el Gobierno central", ha agregado la dirigente de la coalición de izquierdas.
No obstante, para IU la responsabilidad de lo que está ocurriendo con este decreto es compartida entre el PSOE y el PP pues considera que el Gobierno central no debería haber recurrido este decreto "cuando es consciente de que los empleados públicos tienen derecho a recuperar las 35 horas". Así, ha defendido que el recurso "fue nueva frenta y para elevar el listón de la crispación en Andalucía".
"Hay responsabilidades compartidas, del PP por exceso de celo por ir al TC contra los avances que se consiguen en los derechos de los trabajadores, y del PSOE-A, que gestiona el tiempo de sus decisiones en función de los intereses de Susana Díaz", ha apostillado Nieto.
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
De otro lado, también se ha referido la portavoz adjunta de IULV-CA al decreto de la Renta Mínima de Inserción que también aprueba el Consejo de Gobierno este martes.
Sobre este asunto, ha advertido de que el esfuerzo que hace el Ejecutivo de Susana Díaz para poner en marcha esta medida no es tal pues "desaparecen del Presupuesto andaluz las cantidades destinadas a salarios sociales, mínimos vitales y planes de garantía alimentaria" y de esas partidas, junto a otros 52 millones, resultan los 198 millones que se destinarán a la Renta Mínima de Inserción.
Para IULV-CA, la cantidad que se va a destinar a esta partida "va a quedar lejos" de poder satisfacer las necesidades de todos los andaluces que necesitan esta medida, y también ha advertido de que "miles de familias no podrán acceder a él".