IU pide que una ley para la renta mínima donde se amplíe el presupuesto para pasar "de 42.000 a 245.000 beneficiarios"

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha pedido que la renta mínima sea regulada por ley en Andalucía, que permita ampliar el presupuesto con vistas a "ampliar el número de familias beneficiarias de 42.000 a 245.000 beneficiarios".

Maíllo y la dirección andaluza de IU se ha reunido con la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, dentro de la ofensiva de encuentros de IU, tras la renovación de su dirección, con organizaciones sociales, sindicales o políticas, coincidiendo con el inicio de año, a las que quieren presentar su propuesta, análisis y diagnóstico de una Andalucía "que debe volver a ser el centro de la política".

El dirigente de IU ha reconocido que Cataluña "ha distorsionado el debate político en toda España y eso ha tenido consecuencias en Andalucía, que se ha visto arrinconada" y ha apuntado que "si se habla de Andalucía, se habla del debate social, pues Andalucía reivindica debates en clave social". "La confrontación capital-trabajo es la verdadera clave de un país que está deshilachado y roto socialmente en pobreza y precariedad".

Maíllo ha agradecido a UGT-A que haya formado parte, junto a otras organizaciones sociales de la plataforma que ha impulsado el debate de la renta mínima, la renta básica, aunque ha lamentado que la Junta "no haya correspondido con esa misma altura de miras que ha tenido la plataforma".

De esta forma, ha valorado que "se ha abierto el debate de la renta mínima, pero todos consideramos que debiera abordarse una mejora del sistema mediante una proposición de ley que amplíe sus objetivos presupuestarios, para pasar de 42.000 familias a las 245.000 familias que son susceptibles de recibir esa renta, y donde se eliminen trabas burocráticas".

No obstante, ha valorado el hecho de que "sin el impulso de esas organizaciones no se habría ni hablado de ello".

Maíllo además ha valorado el trabajo desarrollado en relación con la defensa de cláusulas sociales en la contratación de la administración pública, de forma que "la administración pública debe encabezar y liderar el proceso de recuperación del empleo digno y la lucha contra la precariedad; debe ser un ejemplo en los modelos de contratación y sustituir el modelo del precio como elemento más sustantivo en la prestación de servicios por otros de carácter social, como condiciones laborales, integración de colectivos como desempleados mayores de 45 años o mujeres; la administración debe reivindicar un trabajo de calidad".

El dirigente de IU ha valorado la coincidencia con UGT en la celebración del 28 de febrero y del 8 de marzo.

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha señalado tras la reunión que "se han puesto en la mesa los proyectos de ambas organizaciones y cuáles son los retos que tenemos para este 2018".

Así, UGT ha expuesto las campañas que tienen en marcha, tales como las de las pensiones dignas, la implementación de beneficiarios de la renta básica de inserción, que se pongan en marcha las cláusulas sociales en las contrataciones de las empresas públicas o combatir la brecha salarial y el acosos sexual en el puesto de trabajo.

Castilla ha agradecido el reconocimiento de IU a la labor de los sindicatos "para mejorar la vida de los trabajadores", como es el caso de la renta mínima, y ha apuntado que seguirá luchando "para que siga aumentando el número de beneficiarios". Asimismo, ha destacado que dicha medida debe incluir el plan de inclusión sociolaboral, "pues es básico que encuentren un empleo las personas que están en edad laboral".

Sobre las cláusulas sociales, Castilla ha explicado que éstas "intentan poner coto a que determinadas empresas se quieran aprovechar bajando los precios de las licitaciones y ahorrándose los costes de los trabajadores; eso no lo podemos permitir, y menos con dinero público, que es sagrado".

Ha citado varias campañas donde ha pedido el apoyo de IU, como la relativa a las pensiones, "donde debemos evitar que los pensionistas sigan empobreciéndose".