SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Izquierda Unidad en el Congreso de los Diputados, Eva García Sempere, ha solicitado este martes a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que aclare si apoyará la proposición del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para que la regla de gasto no repercuta en los ayuntamientos que tengan sus cuentas saneadas, la cual ya ha sido admitida a trámite por parte de la Mesa del Congreso para su debate.
En un comunicado, Sempere ha instado a la jefa del Ejecutivo andaluz a que "no desaproveche esta oportunidad" y exija a su grupo parlamentario en el Congreso que "respalde la proposición de ley de Unidos Podemos".
IU ha reiterado su crítica a la Administración central, "que ahoga a los ayuntamientos incumpliendo sistemáticamente su propia regla de gasto mientras nuestros ayuntamientos cumplen y siguen asfixiados".
En esta línea, Sempere ha dicho que la presidenta de la Junta, que ayer mismo solicitó al secretario de Estado de Hacienda que no trate a los ayuntamientos "como menores de edad", "debe comprometerse a apoyar esta proposición de ley y demostrar que no se mueve una vez más en el postureo".
Para la diputada y responsable de elaboración política de IU, Eva García Sempere, esta proposición de ley "da respuesta a la realidad que nos encontramos diariamente en los ayuntamientos asfixiados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la aplicación de su política dogmática".
Explica que la proposición de ley admitida a trámite para su debate recoge tres supuestos fundamentales para que los ayuntamientos se puedan acoger a la excepción de cumplir esa regla de gasto. Corporaciones locales con superávit, aquellas con un nivel de deuda menor al 110 por ciento y, en tercer lugar, aquellos que cumplan con sus pagos a proveedores con tiempo inferior a los 30 días.
Como indica IU, esta limitación se deriva de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la consecuente Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fija una serie de criterios y herramientas para controlar las cuentas de las diferentes administraciones públicas, entre ellas la regla de gasto.