Juana Rivas, a la espera del Supremo tres años después de no devolver a sus hijos al padre

GRANADA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada a cinco años de cárcel por sendos delitos de sustracción de sus dos hijos menores al padre, el italiano Francesco Arcuri, está pendiente, cuando se han cumplido tres años de los hechos, de la resolución del recurso de casación que presentó ante el Supremo contra esta sentencia pidiendo su libre absolución o que, en su defecto, se le rebaje la pena de cárcel a la mitad como autora de un único ilícito.

Fue el 26 de julio de 2017 cuando Rivas, que este verano ha pasado unos días con sus hijos en España, según fuentes del caso consultadas por Europa Press, incumplió el mandato judicial por el que los menores debían regresar con el progenitor a Italia.

Se situó "en paradero desconocido", hasta que, un mes después, el 28 de agosto, y tras varios intentos por que la justicia le diera la razón aduciendo que el progenitor había sido condenado en 2009 por maltratarla, incluido un recurso de amparo ante el Constitucional, el cual fue inadmitido a trámite, entregó a los menores, entonces de once y tres años, a Arcuri, con quien estos viven en Carloforte (Italia).

Tres veranos después, Rivas espera con "absoluta normalidad", han precisado fuentes cercanas, que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, el magistrado que encabezó el tribunal que juzgó a los líderes del 'procés', resuelva sobre su recurso, admitido a trámite a finales de julio del año pasado.

En este sentido, la Fiscalía del Supremo ha apoyado revocar la sentencia que condena a Rivas a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores y que se le condene como autora de un único de delito, lo que rebajaría la pena de cárcel a la mitad, adhiriéndose a la petición que hace el recurso presentado por el letrado Carlos Aránguez, en representación de la madre de Maracena, en caso de que no se proceda a su absolución.

Una vez se pronuncie el Supremo, y siempre que no se la absolviera, el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que condenó a Rivas en una sentencia que fue posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial, pediría la ejecución de la condena y el ingreso en prisión de la progenitora, al ser una pena superior a los dos años, lo cual sucedería, en su caso, una vez se posicionaran las partes e independientemente de que ella iniciara los trámites para solicitar un indulto.

JURISDICCIÓN ITALIANA

Por otro lado, en Italia, a finales del pasado mes de febrero, la Corte de Apelación de Cagliari celebró una audiencia sobre la situación de los hijos de Rivas, que ha denunciado estos años en reiteradas ocasiones supuestos malos tratos por parte del padre, el italiano Francesco Arcuri. No impuso nuevas medidas sobre los chavales.

El Tribunal de Menores de Cagliari se había declarado en octubre del año pasado "incompetente" para tomar las medidas solicitadas por la granadina por supuesto maltrato a sus hijos, al tener recurrida en una jurisdicción superior de la vía civil la custodia de los niños.

Asimismo, la justicia italiana archivó ocho denuncias que la madre de Maracena presentó por maltrato contra su expareja, incluyendo la que realizó en julio de 2016 por violencia de género tras salir de Italia con sus hijos y en la que se basó para no devolver a los niños al padre incumpliendo las resoluciones que le obligaban a hacerlo.

Tras los hechos por los que su expareja fue condenada, Arcuri, que está representado en España por el letrado Enrique Zambrano, pidió a través de su equipo jurídico que se le dejara de "utilizar" a él y a Rivas como "paradigmas" de la violencia de género en España, después de que ella participara ese mismo otoño en un acto contra la violencia machista celebrado en el Congreso de los Diputados.

Tras mostrar su "más sincero apoyo y respeto" hacia las organizaciones que luchan contra la violencia de género, los abogados de Arcuri afirmaron no entender "cómo ni por qué se le da altavoz a personas que han mostrado un desprecio tan absoluto al Estado de Derecho" y que estaban, a su parecer, "instaladas en un permanente estado de difamación" hacia su cliente.