Juez abre juicio oral contra Guerrero y otros cinco acusados en una pieza separada de los ERE por pólizas individuales

El juez impone una fianza de 1,1 millones a Guerrero, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado auto de apertura de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y otros cinco acusados en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) donde se investigan las denominadas pólizas individuales.

En un auto dictado el día 5 de noviembre, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y consultado por Europa Press, el instructor abre juicio oral y tiene por formulada la acusación contra Guerrero, dos personas relacionadas con Vitalia y Vitalia Vida, dos de los beneficiarios de las pólizas y la hija de uno de ellos, requiriendo a todos ellos el pago en el plazo de un día de fianzas que oscilan entre los 1.100.000 euros que reclama al ex alto cargo de la Junta y los 150.000 euros de esta última investigada, todo ello a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles.

El magistrado, que declara a la Audiencia Provincial de Sevilla órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, requiere además a las entidades Vitalia y Holding Europeo Tindex para que abonen la cantidad de 1.237.230,89 euros en calidad de responsables civiles subsidiarios y advierte a todos ellos de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar" las sumas señaladas.

El juez ha ordenado la apertura de juicio oral después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP-A hayan presentado sus respectivos escritos de acusación.

En este sentido, el Ministerio Público ha solicitado para Francisco Javier Guerrero siete años de prisión y 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que, por esos mismos delitos, ha pedido para los representantes de Vitalia y Vitalia Vida seis años y diez meses de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta y seis años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta, respectivamente.

Asimismo, el Ministerio Fiscal ha reclamado para dos de los beneficiarios de las pólizas una pena de cuatro años y cinco meses de prisión y siete años y seis meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación y malversación, mientras que para la última investigada ha solicitado dos años y once meses de prisión y cinco años y once meses de inhabilitación.

En concepto de responsabilidad civil, pide que los seis investigados abonen de forma conjunta y solidaria distintas cantidades que, en total, suman 932.271,57 euros, aplicando la Fiscalía en todos los casos la atenuante de dilaciones indebidas y en el caso de unos de los beneficiarios de las pólizas la atenuante de reparación del daño.

Por su parte, la acusación que ejerce la Junta de Andalucía acusa a los seis investigados y, en el caso de Francisco Javier Guerrero, le reclama nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación; cinco años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación; y, por un delito de tráfico de influencias, seis meses de cárcel, tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una multa de 1.388.685,94 euros. También pide que Guerrero y el resto de acusados indemnicen a la Junta de forma conjunta y solidaria con distintas cantidades que alcanzan en total los 877.227,89 euros.

De su lado, la acusación del PP-A también dirige su escrito contra los seis investigados y pide para el ex alto cargo de la Junta siete años de cárcel y 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación, concurriendo en todos los casos la atenuante de dilaciones indebidas y en uno de los acusados, beneficiario de las pólizas, la atenuante de reparación del daño.

En un auto dictado el pasado día 17 de septiembre, el instructor acordó continuar como procedimiento abreviado las diligencias relativas a esta pieza separada del caso, cuyo objeto "lo constituye lo que se han venido a denominar las 'pólizas individuales', en referencia a pólizas de seguro de rentas temporales y/o capital diferido concertadas, sin causa justificada, a iniciativa" del ex director general de Trabajo, y todo ello "en beneficio --vía certificados individuales-- de personas físicas de su entorno cercano, cuatro personas en este caso amigos y vecinos, bien por propia iniciativa" de Guerrero o "bien por pedírselo la persona interesada".

GUERRERO, YA CONDENADO EN LA PIEZA POLÍTICA

Cabe recordar que Guerrero ya ha sido condenado a siete años, once meses y un día de prisión y a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación en la causa conocida como la pieza política del caso ERE, junto a 18 ex altos cargos de la Junta, incluidos los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Además este jueves la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzgó el caso, ha convocado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto al propio Guerrero, a los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera y al exdirector general Juan Márquez, tras sus condenas a penas de cárcel por los citados delitos.

Todo ello después de que la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla solicitara el pasado miércoles que se celebrara una vista para estudiar su ingreso en prisión.