CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba ha admitido a trámite un recurso contra la desestimación del Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Fuente Palmera por supuesto silencio administrativo en la reclamación de responsabilidad patrimonial por importe de más de un millón de euros debido a la vaquería que fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en julio de 2009 y cuyo ganado ya fue trasladado a las nuevas instalaciones en febrero de 2016.
Según se recoge en el decreto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez solicita el expediente administrativo completo o bien copia del mismo, después de que el vecino afectado por la vaquería, Francisco Adame, interpusiera la reclamación contra el Consistorio por "permitir la actividad de explotación ganadera sin licencia" al dueño de la instalación colindante con su vivienda.
En este sentido, el vecino ha manifestado que "no busca otra vía que resarcir los daños económicos", de manera que descarta "cualquier derivación penal", para lo cual no se persona a tal efecto, al tiempo que ha recordado que "los días de lucha han sido 8.648, desde la primera queja el 13 de junio de 1992 al 15 de junio de 2016, fecha del traslado del ganado".
Mientras, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad cordobesa de Posadas está pendiente de recibir informe que aclare "si ha causado o no daño a la salud pública", tras solicitarlo la Fiscalía, que presentó una querella contra el dueño de la vaquería, admitida a trámite el año 2016, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Cabe recordar que a mediados de febrero de 2016 se procedió al traslado del ganado a las nuevas instalaciones de la vaquería desde el anterior emplazamiento, tras otorgar el Consistorio licencia de actividad para la explotación de ganado vacuno en una parcela del conocido como Paraje Molino del Sastre, muy cerca del núcleo de La Ventilla.
La construcción de la nueva vaquería concluyó a mediados del mes de enero, según el certificado final de obra registrado en el Consistorio. Y en febrero, los servicios técnicos municipales realizaron una visita de inspección a las instalaciones, informando favorablemente de las mismas para el otorgamiento de la citada licencia.
En concreto, la licencia de obra se concedió el 18 de diciembre de 2014, estableciéndose un año para la ejecución, por lo que "prácticamente se ha respetado, con tan sólo un mes de retraso", cerrando un episodio que comenzó el 13 de junio de 1992 con la primera denuncia del vecino Francisco Adame.