La juez Núñez abre una nueva pieza para investigar una ayuda de los ERE de 30.000 euros a la Universidad de Sevilla

Publicado: jueves, 16 marzo 2017 13:08

La juez cita como investigados a cinco exaltos cargos de la Junta y al director de un master universitario

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La juez María Núñez Bolaños ha abierto una nueva pieza separada en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares para investigar una ayuda de 30.000 euros a la Universidad de Sevilla y, dentro de esta pieza, ha citado a declarar como investigados el próximo día 25 de abril a cinco exaltos cargos de la Junta de Andalucía y al que fuera director de un master universitario.

En un auto difundido por el TSJA y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez cita como investigados al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete; el que fuera técnico de la Dirección de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois, y el director del master, Francisco José González.

La magistrada relata que, en esta pieza, se investiga la ayuda de 30.000 euros concedida a la Hispalense "a través" de Francisco José González, director del master en Gestión Integral de Asociaciones sin ánimo de lucro: Fundaciones y ONG, por parte del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, mediante una resolución de ayuda de 20 de septiembre de 2007.

Al hilo de ello, la instructora manifiesta que dicha resolución de ayuda, posteriormente, fue desarrollada y acordada a través del convenio de 30 de septiembre de 2008 firmado por Juan Márquez y Jacinto Cañete, tras lo que se materializó con la orden de pago de la ayuda de 3 de octubre de 2008 firmada por el propio Márquez "con el visto bueno" de Barberá y Diz-Lois.

El pago de la ayuda se efectuó mediante una transferencia bancaria con cargo a la partida 31L., sostiene en este auto fechado el día 15 de marzo la juez, que considera que los hechos investigados "podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

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