Núñez abre otra pieza separada de los ERE contra Antonio Fernández y otros cuatro exaltos cargos

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha incluido como investigadas a un total de 16 personas en la pieza separada abierta por el ERE de Matadero de Fuenteobejuna (Córdoba), que recibió 2,5 millones de euros, entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y otros cuatro exaltos cargos de la Administración autonómica.

En un auto fechado el día 14 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla dirige esta pieza contra Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, y el exdirector general de Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán.

La instructora, que investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, incluye también como investigados en esta pieza separada al 'conseguidor' de los ERE, Juan Lanzas, al abogado Carlos Leal, al trabajador de Vitalia Jesús Bordallo, y a varios 'intrusos', dándose la circunstancia de que otro de los supuestos 'intrusos' ha fallecido durante la instrucción de la causa.

La juez investiga en esta causa el procedimiento seguido para la solicitud y autorización del ERE 20/98 (11 de noviembre de 1998) acometido en esta empresa, así como la contratación por parte de la Asociación para la Promoción Sociolaboral de los extrabajadores de tres pólizas de seguros con Personal Life y Fortia Vida, actuando como mediadora Vitalia.

El 13 de mayo de 2002, Vitalia realizó un estudio en el que se incluye una relación de 22 personas, dos de las cuales "nunca han trabajado" en la empresa "y no formaban parte del listado" de personas para las que se proponía la extinción de su puesto de trabajo en el ERE, una de las cuales ya ha fallecido. En este estudio, existía una propuesta de financiación de 1.953.534,72 euros.

El 24 de mayo de 2002, Guerrero y el entonces presidente del antiguo IFA y exconsejero de Empleo Antonio Fernández firmaron un convenio por el cual "se asume el compromiso de facilitar ayudas" a las 22 personas integrantes de la asociación de extrabajadores por un importe de 1.953.534,70 euros, "no adjuntando en el convenio el listado de las personas beneficiarias de tal ayuda".

El 9 de julio de 2002 es la fecha de efecto de una de las pólizas de Personal Life en la que figuran 23 asegurados, entre ellos tres 'intrusos', como son Mariano Martínez Fernández --ya fallecido--, Adoración Navarro Fernández y Juana Pilar Viedma, estas dos últimas incluidas como investigadas en esta pieza separada.

El 10 de julio de 2002, Guerrero "envió una carta" a Pablo Millán manifestando que, "de acuerdo con lo estipulado en el convenio de colaboración de fecha 24 de mayo, autoriza el pago", tras lo que éste último autorizó a una entidad bancaria a que realizara los pagos, "indicando que en el campo de observaciones haga referencia de que se trata del pago de la póliza para ayuda a extrabajadores de Matadero de Fuenteobejuna".

"VISTO BUENO" DE BARBERÁ

Ya el 21 de marzo de 2003, y según indica la juez, Guerrero y el que fuera director general del antiguo IFA Francisco Mencía --fallecido-- suscribieron un convenio de colaboración "para el pago del suplemento de la póliza de prejubilaciones de los extrabajadores" de la empresa por un importe de 450.700 euros.

Por último, Guerrero mostró su conformidad en febrero de 2007 a que se suscribiera una póliza para tres extrabajadores, comprometiéndose a abonar 111.253,18 euros, de forma que en el listado de las tres personas beneficiarias de esta póliza "aparece como intrusa" Florencia Romero Valdivia, persona que "nunca ha trabajado en Matadero de Fuenteobejuna".

El 22 de julio de 2009, Juan Márquez acordó ordenar a la agencia IDEA el pago de las ayudas sociolaborales individuales a los extrabajadores de la empresa en relación a esta póliza por importe de 124.023,93 euros, tras lo que la orden de pago "contó con el visto bueno" del entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá.