La juez Núñez cita como investigados a dos empresarios por el fraude de la formación

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar el 5 de octubre a los empresarios José María Pérez González y Gerardo Saucedo González en la causa por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y cita a declarar a los dos empresarios como investigados y a un total de 23 testigos entre los días 3 y 5 de octubre del presente año 2017.

En un escrito, el Ministerio Público expone que, el pasado 25 de mayo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó un atestado relativo a las investigaciones policiales practicadas en el entorno de José María Pérez González relativo al "fraude" de la formación.

La Fiscalía señala en este escrito consultado por Europa Press que, del referido atestado, se desprende con carácter indiciario que los investigados "habrían recibido subvenciones a través de sus empresas, con la previa intención de incumplimiento de un elemento esencial de este tipo de subvenciones como es el compromiso de contratación".

En este sentido, agrega que los investigados, "puestos previamente de acuerdo, habrían firmado acuerdos con terceros, en los que estos habrían adquirido el compromiso de contratación al que viene obligado el beneficiario" como fase final de cada expediente de subvención.

ACUERDOS "FALSOS O SIMULADOS"

Anticorrupción asevera que, sin embargo, "aquellos acuerdos eran falsos o al menos simulados", de forma que "ni estas terceras empresas ni los investigados beneficiados tenían intención de cumplir estos compromisos y en su consecuencia no proceder al alta en la Seguridad Social del mínimo de alumnos exigidos para cada expediente de subvención".

En este sentido, añade que, de la misma forma, "habrían firmado acuerdos con terceras empresas que ni tienen centro de trabajo en los lugares donde se comprometían a contratar a los alumnos y cuya actividad y oficio era distinto al curso para el que se otorgaba la subvención".

Al hilo, la Fiscalía dice que "un número significativo de alumnos habrían confirmado que no se les ofrecían contratos por parte de las empresas beneficiarias" y otros manifestaron que el contrato ofrecido "era con unas condiciones tales que sólo les cabía como salida renunciar a los mismos".

En lo referente a las renuncias, los alumnos "habrían confirmado que no eran debidamente informados del contenido y efectos de la misma", mientras que a varios alumnos "ni siquiera se les llegó a ofrecer un contrato y cuando renunciaron lo hicieron engañados", pone de manifiesto.

26% DE CONTRATOS VÁLIDOS

La Fiscalía añade que el informe de la Inspección Central de Trabajo habría concluido, de su lado, que "el número real de contratos que finalmente fueron válidos" para el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) "era de 96, cantidad que solamente alcanza el 26 por ciento del número de alumnos formados, cuando la obligación en estos expedientes es de un mínimo del 60 por ciento".

En esta línea, asevera que los órganos administrativos encargados de la justificación y liquidación de los expedientes de subvenciones "habrían mostrado un criterio manifiestamente laxo", ya que "habrían dado por buenos muchos contratos que incumplen los requisitos mínimos exigidos por la normativa".

A su juicio, de todo ello "se desprende la posible existencia de un plan preconcebido" por los investigados para "obtener subvenciones con la finalidad de lucrarse con las mismas y sin intención de cumplir con uno de sus elementos esenciales".

Y ello "constituiría un fraude de subvenciones continuado, así como un posible delito de prevaricación y en su caso de malversación" por parte de las autoridades administrativas y funcionarios públicos "competentes tanto en la concesión de las subvenciones" como en la gestión de las mismas "y sus cursos, así como de la justificación y liquidación final", sostiene el fiscal.

PIDE IDENTIFICAR A LAS PERSONAS QUE DIERON LAS SUBVENCIONES

Asimismo, Anticorrupción ha solicitado y la juez ha acordado que se libre oficio a la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo "a fin de emitir informe acerca del estado en el que se encuentran estas subvenciones" y del resultado de la revisión de las mismas por parte del grupo de trabajo formado en la propia Dirección General y que fue acordado mediante auto de 20 de enero de 2015.

En este sentido, la Fiscalía pide que se reitere este auxilio jurisdiccional "para que a la mayor brevedad y urgencia" emitan un informe definitivo sobre el posible fraude en estas subvenciones en relación con los compromisos de contratación.

Por último, pide que se libre oficio a la Dirección General de Formación a fin de informar "sobre la identidad de las personas que ocuparon los órganos que concedieron las subvenciones, así como aquellos que de manera descentralizada en el SAE se encargaron de la comprobación, liquidación y justificación de las subvenciones".