La juez Núñez propone extraditar desde Burkina Faso al fugitivo Eduardo Pascual por el caso ERE

El banquero barcelonés y exdirectivo de Vitalia fue detenido en Burkina Faso tras fugarse en julio de 2015

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La juez María Núñez Bolaños ha propuesto al Gobierno español que solicite al Gobierno de la República de Burkina Faso la extradición de Eduardo Pascual Arxé, banquero barcelonés y exdirectivo de la consultora Vitalia que fue detenido en mayo pasado en este país tras fugarse en julio del año 2015 y que está imputado en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los ERE fraudulentos.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acuerda librar oficio a fin de que la resolución por la que propone la extradición de Eduardo Pascual sea traducida al idioma francés y se remita a la Interpol.

La instructora recuerda que, el 26 de octubre de 2015, se dictó en el caso ERE auto por el que se acordaba la búsqueda, detención y puesta a disposición judicial del investigado, tras lo que tuvo conocimiento a través de la Interpol de que Eduardo Pascual había sido localizado en Burkina Faso.

La juez, en este auto fechado el 21 de noviembre y consultado por Europa Press, asevera que Eduardo Pascual, junto con María Vaqué, era administrador único de Vitalia en sus distintas denominaciones, la cual forma parte de un holding conformado entorno a una matriz denominada Holding Europeo Tindex.

Según la magistrada, este holding "forma parte a su vez de un entramado personal y financiero, en el que bajo el control de las mismas personas estarían las aseguradoras" Fortia Vida y Apra Leven, señalando que "el fin del entramado sería en lo que se refiere a la presente investigación, entre otros, las elevadas comisiones de las pólizas, muy por encima del precio del mercado, habitualmente superiores al 15 por ciento, cuyo cobro se llevaba a cabo principalmente" a través de las sociedades del holding Irson Empresarial y Holding Europeo Tindex.

Al hilo, dice que las sobrecomisiones, las cuales "han causado un enorme perjuicio a la Hacienda Pública andaluza", se acordaban presuntamente por el director general de Vitalia Antonio Albarracín con la Administración andaluza, "representada entre otros" por su director general de Trabajo, "pero con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos (Eduardo Pascual y María Vaqué por un lado y el consejero de Empleo por el otro), y con la colaboración de las aseguradoras".

"COMISIONES MUY SUPERIORES A LAS DEL RESTO DEL MERCADO"

Estas "eran conscientes de estar incluyendo unas comisiones muy superiores a las del resto del mercado", considera la instructora, que afirma que la actuación de María Vaqué y de Eduardo Pascual en relación al "sobrecoste" de las pólizas "ha sido puesto de manifiesto por personal vinculado a Vitalia", a lo que se suma que el propio Albarracín declaró en el Juzgado que "cuando se contrató a Juan Lanzas, ambos le comunicaron que tenían que fijar las sobrecomisiones más altas posibles, para luego no tener problemas con los pagos".

La juez asevera en el auto que estas sobrecomisiones "perseguirían el enriquecimiento personal de los máximos responsables de la fijación" de dichas comisiones, como son Eduardo Pascual, María Vaqué, Jesús Bordallo y Antonio Albarracín por lo que respecta a Vitalia, y por parte de la Administración autonómica, entre otros, Francisco Javier Guerrero.

Por todo ello, la magistrada considera que Eduardo Pascual habría cometido presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y contra la Hacienda Pública.

La juez recuerda que Eduardo Pascual no ha comparecido al llamamiento judicial, "cuya obligación tiene adquirida con carácter mensual" mediante comparecencia apud acta, desde el mes de julio de 2015, "sin que haya justificado en modo alguno su incomparecencia", habiéndose tenido conocimiento a través de la Interpol de que ha sido localizado en Burkina Faso.

La Audiencia Nacional, cabe recordarlo, emitió una orden internacional de búsqueda y detención contra el expresidente de Eurobank, en paradero desconocido desde julio de 2015, cuando contactó por última vez con su abogada. El órgano judicial tomó esta decisión a petición del letrado Ricardo Gómez de Olarte, representante de un grupo de accionistas minoritarios de Eurobank.

LA DETENCIÓN

Eduardo Pascual fue arrestado gracias a una compleja operación de la Policía Nacional en colaboración con la Interpol de España y Burkina Faso y el Agregado de Interior en ese país. Se encontraba en paradero desconocido después de aprovechar su situación de libertad condicional para huir con un pasaporte boliviano. Previamente, había pasado casi 15 meses en un centro penitenciario de Sevilla.

Estaba reclamado por tres juzgados distintos por los delitos de corrupción, estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, tráfico de documentos falsos y un delito contra la Hacienda Pública.

En septiembre de 2014, prestó declaración ante la juez Mercedes Alaya y aseguró que una aseguradora catalana, llamada Fortia Vida, recibió "100 millones de euros de la Junta de Andalucía" por asumir una serie de prejubilaciones de varias empresas, y ello merced a un "acuerdo entre el PSC de Cataluña y el PSOE andaluz".