El juicio a los cinco sevillanos acusados de violación grupal en Sanfermines arranca con las cuestiones previas

El fiscal pide 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los cinco acusados por estos hechos

PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha dado inicio pasadas las diez horas al juicio por la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016. En el comienzo de la primera sesión se tratan las cuestiones previas y, posteriormente, tendrá lugar el interrogatorio a los cinco acusados acerca de si reconocen o no todos o parte de los hechos.

El tribunal sentenciador está presidido por José Francisco Cobo y le acompañan los magistrados Ricardo González y Raquel Fernandino. El juicio se desarrolla íntegramente a puerta cerrada para proteger "el derecho fundamental a la intimidad" de la denunciante, así como para salvaguardar a ella y a los cinco acusados de una "indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual" que pertenecen a la esfera personal.

Por tanto, ni familiares de los acusados, ni de la denunciante, ni el público en general, ni los medios de comunicación podrán acceder a la sala de vistas. A las puertas del Palacio de Justicia hay un amplio despliegue de medios de comunicación para dar cobertura al juicio. El abogado de tres de los acusados, Agustín Martínez Becerra, ha manifestado a los periodistas a su llegada al Palacio de Justicia que "evidentemente" sus defendidos se van a declarar inocentes.

El fiscal, en su escrito de acusación, reclama en total 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados por tres delitos. Por el delito continuado de agresión sexual pide imponer la pena de 18 años de prisión, así como la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y la prohibición de comunicación con la víctima durante 20 años y 10 años de libertad vigilada tras la pena de prisión.

Por su parte, por un delito contra la intimidad reclama la pena de dos años y diez meses de prisión y una multa de 5.409 euros. Mientras que por el delito de robo con intimidación el fiscal pide dos años de prisión. También solicita 100.000 euros de indemnización por el daño moral ocasionado a la víctima. Igualmente reclama una indemnización al Servicio Navarro de Salud por 1.531,37 euros.