El juicio de los ERE se reanudará el 12 de febrero con la resolución de las cuestiones previas por el tribunal

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha quedado suspendido este lunes con las respuestas de las partes a las cuestiones previas planteadas por el Ministerio Fiscal, acusaciones populares del PP-A y Manos Limpias y de las defensas y se reanudará el próximo 12 de febrero con la notificación por parte del tribunal de la resolución a dichas cuestiones previas.

   Así lo ha anunciado el juez Juan Antonio Calle Peña, magistrado ponente del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, tras dar por concluida la sesión de este lunes, que se ha desarrollado en horario de mañana y tarde, en la que las partes representadas en el proceso judicial han respondido a las cuestiones previas presentadas durante la semana pasada.

   El magistrado ha informado de que las sesiones se retomarán el lunes 12 de febrero con la notificación a las partes de las resoluciones de las cuestiones previas y con la continuación de la vista oral, una vez que el tribunal "estudie y resuelva" dichas cuestiones. En este sentido, el letrado defensor Juan Carlos Alférez ha cuestionado al juez, que de aceptar la cuestión previa para el cambio de orden del interrogatorio, cómo se iba a proceder a la citación de los testigos y peritos para su testifical.

   Durante la jornada las partes han mostrado su adhesión o rechazo a las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía, acusación del PP-A y Manos Limpias y defensas de los 22 acusados. Así, el Ministerio Fiscal y las defensas de los acusados se han opuesto a citar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como testigo en el juicio, prueba planteada por la representación del PP-A.

   Con respecto a la solicitud del PP andaluz para que testificara también la exconsejera de Presidencia y actual senadora socialista María del Mar Moreno --que figuró tiempo atrás como imputada ante el Tribunal Supremo por los hechos en cuestión-- por el "amplio conocimiento" demostrado respecto al asunto y el actual vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, porque como alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz) el Ayuntamiento que encabezaba fue beneficiario de una de las ayudas concedidas en el marco del procedimiento investigado, la Fiscalía sí considera que procede citarlos como testigos.

   Frente a esta postura del fiscal, las defensas de los acusados también han rechazado citar a Jiménez Barrios y Mar Moreno, así como todos los nuevos testigos pedidos por el PP-A.

   En este sentido, Víctor Moreno Catena, abogado defensor de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha criticado la "contaminación política partidaria" del proceso con la propuesta de llamar como testigos a cargos públicos en activos de la Junta o que fueron altos cargos de la Junta.

   De otro lado, el representante de la Fiscalía ha respaldado la cuestión previa promovida por la mayoría de los abogados defensores para que sea excluido del objeto de enjuiciamiento el presunto delito de asociación ilícita incluido por el PP andaluz en su escrito de acusación. "No concurren los requisitos que se exigen en esta tipificación", ha sostenido.

   Por contra, para Luis García Navarro, abogado del PP andaluz, de la instrucción de la causa y del propio auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado se desprenden "hechos suficientes" para que el PP de Andalucía haya incluido en su escrito de acusación el mencionado y presunto delito de asociación ilícita, lo que le ha llevado a negar que los acusados se hayan visto en "ninguna indefensión".

EL PAPEL DE ÁLVARO MARTÍN

   La Fiscalía, de otro lado, se ha opuesto a la cuestión previa planteada por José María Mohedano, abogado defensor de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y respaldada por la mayoría de los letrados de las defensas, en demanda de la nulidad de las actuaciones de instrucción del juez de refuerzo Álvaro Martín, al considerar vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley o "juez natural" que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española.

   El Ministerio Público ha esgrimido que el plan acordado por la juez María Núñez Bolaños y Álvaro Martín como magistrado de refuerzo en comisión de servicio, para que este último asumiese las seis piezas en las que Núñez había dividido el macro caso de los expedientes de regulación de empleo, contó con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Así, la Fiscalía ha negado que se tratase de una "designación nominativa", argumentando que fue un "acuerdo gubernativo" de los poderes institucionales de la Justicia, bajo la premisa de que el "plan de actuación" acordado por Núñez y Álvaro Martín estaba destinado a "conseguir celeridad" en la instrucción.

   Sobre esta cuestión, el abogado del PP-A ha manifestado su oposición pues Álvaro Martín no era "el encargado de enjuiciar" como tal el procedimiento".

   Respecto a la cuestión previa solicitada por la defensa de Carmen Martínez Aguayo, y a la que se ha adherido gran parte de los abogados defensores, para que los acusados declaren después de los testigos y peritos y no antes, la Fiscalía se ha opuesto, recordando que el orden de las pruebas a analizar en una vista oral está "determinado" por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ha advertido de que "la declaración de un encausado sí tiene valor probatorio y es un medio de prueba válido del que puede servirse la acusación".

OPOSICIÓN DE LAS DEFENSAS A LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA

   Las defensas de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía juzgados se han opuesto a la petición de la Fiscalía para una "delimitación objetiva" del procedimiento, bajo la premisa de que el proceso ya está "definido" en el auto de procedimiento abreviado, que dicha petición es "extravagante" y además podría conducir a un "dislate procesal inabarcable".

   Y es que como ha puesto de relieve Víctor Moreno Catena, abogado defensor de Carmen Martínez Aguayo, el auto de procedimiento abreviado emitido en su momento respecto a esta pieza "determinaba el objeto del proceso, los hechos punibles y las personas" supuestamente autoras de los mismos. Según el letrado, una vez dividida la macrocausa en seis piezas diferentes, precisamente después de que la Fiscalía solicitase "reiteradamente" tal extremo, la pieza correspondiente al procedimiento específico tiene "sustantivación propia" y su objeto quedó "definido" en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

   Así, ha advertido de que "la Fiscalía es la principal responsable o coadyuvante" de la situación que ahora censura. Este letrado defensor, en paralelo, ha alertado de que más allá del carácter "sorprendente" de la petición del fiscal, las implicaciones de la misma supondrían una "contaminación" del juicio con aspectos de "otros procesos diferentes", en alusión a la idea de que fuesen incorporadas las pruebas documentales y testificales de las piezas relativas a las ayudas sociolaborales individuales. Tal extremo, a su juicio, se traduciría en "un dislate procesal inabarcable". Del mismo modo, ha tachado de "disparate judicial" la idea de retrotraer el procedimiento para "redefinir" el objeto del mismo.

   Rafael Alcácer, defensa de la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta, Magdalena Álvarez, ha opinado también que el tribunal "no es competente para reinterpretar" los hechos elevados a juicio, mientras José María Mohedano ha recordado que el proceso "no está en la fase donde se delimita el objeto" del juicio. "Ya hemos superado eso", ha aseverado.