La Junta abordará incluir plazas para docentes interinos con discapacidad

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha confirmado que abordará durante el curso 2016-17 la modificación de la orden por la que se regulan las bolsas de trabajo de personal funcionario interino y sus bases, para que, una vez que se produzca la negociación, se determine una forma de incluir un porcentaje de plazas para el profesorado interino, aspirante o en interinidad, con discapacidad.

En este sentido, la titular del ramo, Adelaida de la Calle, ha asegurado en el Pleno del Parlamento autonómico a pregunta del Grupo Popular que ello supondrá "un paso más" a medidas ya acometidas para con este sector por el Ejecutivo regional, como por ejemplo, que cuando se conceda una sustitución con el curso iniciado puedan renunciar a esa plaza sin cambiar su situación.

"Seguiremos mejorando las condiciones, pero no podemos obviar la negociación en la Mesa Sectorial", ha expuesto De la Calle, que manifiesta a la Junta "sensible" con el colectivo de personas discapacitadas, ya que su apuesta por un sistema inclusivo "no es una mera declaración de intenciones, sino una hoja de ruta bien definida". "Ningún andaluz, y mucho menos un docente con minusvalía, se sentirá marginado, pero ello conlleva un procedimiento y desarrollo normativo que requiere de un proceso: seamos respetuosos con el trámite", ha apostillado.

Por su parte, el parlamentario del PP Vicente Valero ha tildado la reivindicación de "justa y oportuna", puesto que ya se establece por decreto que el 4 por ciento de las vacantes se reserven para personas con discapacidad, por lo que ve "injusto y hasta absurdo" que exista una reserva de plazas en las ofertas de empleo público de la administración y no en las bolsas de empleo de las que la administración se nutre.

Ha recordado la existencia de consejerías que ya han adoptado medidas para que haya esta reserva de plazas, como Hacienda y Administración Pública o Justicia e Interior. Los docentes en esta circunstancia "no piden un privilegio, sino un reconocimiento de derechos, pues afecta a muchas personas perfectamente capacitadas", concluye.