Junta acepta la recomendación del Defensor y hará informes anuales de seguimiento de políticas públicas en discapacidad

SEVILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha cerrado una queja de oficio para conocer si se evalúan las políticas públicas que garantizan la igualdad en el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad, después de que la Dirección General de Personas con Discapacidad haya informado a la institución de la "efectiva evaluación" de las mismas mediante la realización de informes anuales de seguimiento.

Así, según apunta el Defensor en su resolución, consultada por Europa Press, la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, señala que "acepta" la recomendación de la institución relativa a la "necesidad" de impulsar actuaciones para la evaluación en las políticas públicas en materia de discapacidad, por lo que la institución "procede a dar por concluida su actuación".

En dicha recomendación, el Defensor aconseja a la Junta que "impulse las actuaciones que procedan para que se lleve a cabo una efectiva evaluación de las políticas públicas destinadas a garantizar la normalización e integración total del colectivo de las personas con discapacidad en la sociedad civil, mediante la realización de informes anuales de seguimiento por parte de los órganos que se estimen más idóneos para ello".

Cabe recordar que en la queja de oficio abierta el pasado año y ahora cerrada, el Defensor señalaba que con motivo del encuentro que mantuvo en noviembre de 2015 con las Federaciones Provinciales de Asociaciones de Personas con Discapacidad, "se puso de manifiesto la necesidad de que las administraciones públicas realicen informes de evaluación de las políticas publicas destinadas a verificar la eficacia y la eficiencia de las medidas dirigidas a garantizar la igualdad en el pleno disfrute de los derechos constitucionales y estatutarios de las personas con discapacidad".

De este modo, el Defensor insiste en que entre las conclusiones que se extrajeron de ese encuentro, y que motivaron la apertura de la citada queja, está "la inexistencia de una evaluación de las políticas públicas que, con carácter sectorial, se orientan a garantizar la normalización e integración total del colectivo en la sociedad civil".

"Y es que --continúa-- no se trata sólo de verificar el respeto y aplicación de normas y planes, que, con frecuencia, no se llevan a cabo con rigor; es que tampoco se valoran los resultados, ni los impactos, cualquiera que sean éstos, derivados de la ejecución de tales políticas. No existe una metodología de análisis y valoración de resultados que permita llevar a cabo la evaluación de la ejecución de tales políticas.

De este modo, y a la vista de lo anterior, "podemos concluir la inexistencia de una política de evaluación en torno a las políticas sectoriales puestas en marcha para proteger derechos y libertades de este sector y, de manera concreta, en lo que concierne a la supresión de barreras en las infraestructuras y en los transportes", manifiesta la Defensoría.