La Junta acusa al PP de querer que el Ayuntamiento no actúe legalmente con Rabanales 21

CÓRDOBA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba ha acusado este miércoles al PP de querer "hacer buena la tramitación de una innovación (del PGOU) que se inició en su mandato (municipal), ignorando la legalidad", poniendo ahora "al actual equipo de gobierno (de PSOE e IU) en la tesitura de aprobar indebidamente, sin estar conforme a la legalidad", el nuevo planemiento referido a Rabanales 21.

En este sentido y en relación a las declaraciones vertidas este martes por el portavoz municipal del PP, José María Bellido, la Junta ha aclarado que su informe al respecto "es preceptivo y no vinculante", pero que, "cuando se aprecia un incumplimiento de la legalidad vigente, como es un uso expresamente prohibido por el propio PGOU, es obligación de la Junta ponerlo en conocimiento de las instancias superiores, para su consideración, si se continuara con el expediente".

Sin embargo, "en ningún caso la Junta de Andalucía bloquea este proyecto", y lo que hace la Administración autonómica es verificar "las condiciones de las modificación" y advertir "para que el órgano que resuelve lo haga sin que se produzcan vulneraciones de la legislación urbanística aplicable".

De hecho, según ha precisado la Junta, "todo lo indicado en el informe es subsanable y en ello se está trabajando con la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que es la competente para impulsar y aprobar, en su caso, el instrumento urbanístico".

Frente a esto, la Junta interpreta que "el Partido Popular y el señor Bellido con sus declaraciones, a todas luces partidistas, lo único que puede conseguir es paralizar el proyecto, como tenemos algún ejemplo en la ciudad", pues, además, "si hay algún responsable de la situación en la que se encuentra el proyecto es el mismo Partido Popular, que aprobó inicialmente la modificación con desprecio absoluto a la normativa de aplicación, que no es otra que el propio PGOU de la ciudad, que debería conocer perfectamente".

En consecuencia, "la Junta de Andalucía no puede ignorar las advertencias de cumplimiento de la legalidad por motivos de oportunidad, como pone de manifiesto el señor Bellido en sus declaraciones", siendo "el principal problema indicado en el informe" el referido a que "el uso va contra el PGOU y, por tanto, no se debe aprobar".

"Este extremo --continúa la Junta-- debió ponerse de manifiesto bajo el gobierno (municipal) del Partido Popular, que fue quien inicio el expediente. Por lo tanto, cualquier retraso y puesta en peligro del proyecto corresponde al Partido Popular, que inicio el expediente con desprecio a la normativa de aplicación, que no es otra que el PGOU de la ciudad" y, desde la Junta solo se pone "de manifiesto el incumplimiento de la normativa que hace el Partido Popular en la tramitación el expediente".

La subsanación de este extremo "en modo alguno estará resuelto en un mes, como ha indicado el señor Bellido, por cuanto significa la apertura de un expediente de modificación del articulo del PGOU que imposibilita dicho uso, articulo que hasta ahora ni siquiera se había nombrado, hasta el informe de la Junta de Andalucía", resultando que "una modificación de un planeamiento, aunque solo sea por el trámite de información publica, ya conlleva mas de un mes de plazo, mas los informes sectoriales y acuerdos de aprobación".

De igual forma, la Junta ha subrayado que, "en ningún caso el informe es mal intencionado, como dice el PP", pues "se elabora desde la más estricta profesionalidad y lo único que se pone de manifiesto son errores en el procedimiento de tramitación del expediente cometidos en este caso por parte el Partido Popular".

En cambio, "si se pueden considerar malintencionadas las declaraciones del señor Bellido, que con ánimo de no asumir su responsabilidad culpa a otras administraciones de su errónea actuación, planteando una solución que sí podría paralizar la innovación por un tiempo indefinido", a lo que se suma que "en las declaraciones del PP subyace un interés político que desprecia el proyecto de Rabanales y a la vez pretende hacer creer a la ciudadanía que es su principal valedor".

De hecho, "el ofrecer los votos de los concejales del Partido Popular es un regalo envenenado", ya que "la demora en la solución de los problemas no es causa para el incumplimiento de la Ley, que obliga a todos por igual".

En conclusión, desde la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no se actúa "de forma sesgada, sino objetivamente movidos solo por los objetivos de legalidad y garantía, para que los proyectos de los distintos municipios salgan adelante. En este sentido, se trabaja y colabora con los ayuntamientos y gerencias de Urbanismo, con independencia del signo político".