La Junta de Andalucía aprueba el nuevo Plan General de Inspección de los Servicios Sociales para los años 2025 y 2027

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha aprobado, como publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el nuevo Plan General de Inspección de los Servicios Sociales para los años 2025, 2026 y 2027, que contempla "actuaciones presenciales y no presenciales" en todos los sectores de servicios sociales, con "especial incidencia en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad".

Según ha comunicado la consejería en una nota, este nuevo plan nace con una "doble vocación", por un lado, "convertirse en el instrumento de supervisión, control y comprobación del cumplimiento de la normativa vigente" en materia de servicios sociales y, por otro, "servir de instrumento de orientación en pro de la mejora de la atención asistencial" que deben recibir las personas usuarias del sistema, desde un enfoque "centrado en la persona, de desarrollo positivo y de efectiva participación de la persona en el proceso de atención".

Así, el nuevo Plan General de Inspección (PGI) se caracteriza por "sistematizar y exponer" de una forma "más sencilla y precisa" en qué consiste la labor de la inspección de Servicios Sociales, cómo se estructura la misma, cuáles son sus fines, cómo pueden ser sus actuaciones y determinar sus "principios inspiradores".

Además, según ha detallado la Junta, el nuevo plan 2025-2027 contiene dos anexos. El primero contiene "el texto del nuevo plan", mientras que en el segundo anexo se contienen "los indicadores de evaluación del mismo, que se incluye por primera vez en la orden reguladora de dicho PGI".

"La Inspección de Servicios Sociales es el órgano competente para desarrollar la función inspectora en materia de servicios sociales y el PGI es el instrumento de planificación de la actividad de inspección de carácter ordinario", ha indicado.

De este modo, la consejería de Inclusión ha señalado que el nuevo PGI descansa sobre "tres ejes fundamentales que lo vertebran y dan coherencia", y de los que nacen sus "objetivos estratégicos". Esos tres ejes son "el sistema público de servicios sociales, las personas usuarias y el personal inspector".

Por otro lado, "se estructura en cuatro objetivos estratégicos, seis líneas de actuación, 18 objetivos operativos, 33 acciones y 76 indicadores de evaluación, existiendo correspondencia entre todos ellos", ha indicado.

Asimismo, la Junta ha afirmado que el PGI permite "establecer un marco común de trabajo para las inspecciones provinciales, determinando criterios homogéneos a través de las instrucciones anuales". Por ello, "la homogeneización de los procedimientos" en todo el territorio aporta "valor a las distintas inspecciones provinciales y seguridad a las personas usuarias y entidades de centros y servicios".

Según han destacado, "la formación permanente del personal inspector y la perspectiva de género" a lo largo de todo el plan "son dos de los aspectos tenidos en cuenta", destacando a su vez "la recuperación del sistema de las autodeclaraciones relativas a los centros de servicios sociales".

Para la consejería, este instrumento ha supuesto que durante la vigencia del Plan, "las entidades titulares de centros deberán presentar una declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos", por lo que retomar este sistema de las autodeclaraciones vendría a suponer que las entidades lleven a cabo un "autochequeo de sus propios centros", contribuyendo así a "un mejor conocimiento y cumplimiento de los requisitos que deben reunir de conformidad con la normativa vigente".

En cuanto a los objetivos estratégicos del plan, Inclusión ha afirmado que el primero de ellos "garantiza los derechos de las personas usuarias de centros, servicios y prestaciones sociales" para que reciban un "trato digno y una atención integral, individualizada y acorde a sus necesidades". El segundo objetivo asegura "el cumplimiento de los requisitos materiales, funcionales y de calidad", por parte de los centros y servicios, respecto a la normativa vigente y a los acuerdos contractuales, aplicables en su caso.

Por otro lado, el tercero "se ocupará de detectar necesidades y demandas de mejora en los centros y servicios y prestar asesoramiento". Mientras que el cuarto objetivo contempla "impulsar la proyección de la Inspección de Servicios Sociales como instrumento garante del buen funcionamiento de los servicios sociales", según ha señalado.

De este modo, la Junta ha destacado que el Plan de Inspección de los Servicios Sociales contempla en su ámbito de actuación "los centros para personas mayores, personas con discapacidad; de enfermedad mental; centros de servicios sociales comunitarios; centros para personas en situación o riesgo de exclusión social, centros de infancia y adolescencia y para víctimas de violencia de género".

En cuanto a su duración, la consejería ha estimado "mantener su vigencia durante tres años, aumentando en uno el período que se venía estableciendo en planes anteriores", dotándolo así de "mayor estabilidad temporal para realizar las actuaciones de control y asesoramiento previstos", y contar con "un horizonte a medio plazo más lejano que permita valorar la consolidación de los cambios introducidos".

Además ha procesado que, al finalizar cada uno de los años de vigencia del plan, se realizará "una memoria donde se evalúe y valore cuantitativa y cualitativamente el grado de cumplimiento de las líneas de actuación, los objetivos previstos y las actuaciones inspectoras realizadas".