La Junta defiende la "seguridad jurídica" del acuerdo sobre las 37,5 horas, que remite al TC por "cautela"

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido la "seguridad jurídica" del acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO para acatar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces y establece una jornada semanal de 37,5 horas, de las que dos horas y media semanales no serán de obligada permanencia en el puesto, tras lo que ha explicado que ha remitido dicho acuerdo al TC "por cautela, teniendo en cuenta el actual contexto político".

   Montero ha respondido a varias preguntas sobre la sentencia del Constitucional en el pleno del Parlamento andaluz, donde ha insistido en que se acatará la sentencia y ha precisado que, tras remitirlo al TC para "asegurarnos de que se cumple la sentencia", se ratificará la semana próxima en el Consejo de Gobierno.

   Asimismo, ha animado a los partidos de la izquierda --Podemos, IU, junto a PSOE-- a ser "aliados" en la defensa de la recuperación de los derechos de los empleados públicos, también a nivel nacional, y en la defensa de la autoorganización de la jornada en Andalucía.

   Montero ha dejado claro que "la jornada laboral de los empleados públicos tras la sentencia del TC es de 37,5 horas, de las que 35 serán exigibles presencialmente, de eso no hay ninguna duda", tras lo que ha explicado que la Junta cuando tuvo conocimiento de la sentencia convocó a los sindicatos de la Mesa General de Negociación Común --CSIF, CCOO y UGT-- y ha suscrito "que se ratificará la semana próxima en Consejo de Gobierno" y sobre el que el pasado martes se tuvo conocimiento.

   Ha explicado que "para que no haya ninguna duda de que se cumple la sentencia del TC y para corroborar la seguridad de que la Junta acata el fallo, se ha remitido al Tribunal".

   Montero ha recordado que, merced a ese acuerdo con los sindicatos, los empleados públicos "dedicarán una parte de la jornada, media hora al día, para actividades que no tienen que ser presenciales, como preparación de casos clínicos, de clases, revisión de bibliografía y legislación, y preparación de tareas, todas actividades necesaria para ofrecer una mejora calidad de los servicios públicos".

   La consejera ha respondido a IU que "el hecho de asegurarnos que se cumpla la sentencia del TC no es inseguridad jurídica, sino que ponemos en  conocimiento del Tribunal lo que hemos hecho, por cautela teniendo en cuenta el contexto político, para dejar claro que la Junta acata la sentencia del TC y hace autoorganización de la jornada". "No hay ninguna inseguridad jurídica ni incertidumbre", ha aseverado la consejera, quien ha respondido a Podemos que el Consejo de Gobierno "compartió el acuerdo y tuvo una cautela teniendo en cuenta el contexto político en que nos movemos".

   Asimismo, ha pedido e invitado a IU y Podemos que en materia de la jornada laboral hagan un frente común y sean "aliados" en la defensa de la recuperación de los derechos de los trabajadores y empleados públicos y considera que "a todos nos tiene que preocupar que el Gobierno del PP ha utilizado la crisis para llevarse derechos de los trabajadores de forma definitiva".

   "Es importante que las formaciones políticas hagamos presión suficiente que permita que en los próximos PGE se quite la limitación que ha dado pie al TC para dictar esa sentencia sobre la jornada de 37,5 horas", ha añadido la consejera, quien considera a Podemos e IU "aliados en la batalla que queda por librar, nos necesitamos todos". Ha defendido asimismo la capacidad de la Junta en autoorganización del desarrollo de la jornada "que impedirá que se despidan a 7.000 empleados públicos y no se van a alterar horarios y planillas".

   "El PP quiere una recentralización de las competencias de las comunidades autónomas y ha aprovechado la crisis para llevarse definitivamente derechos de los trabajadores; se escuda en la crisis para no devolver esos derechos", se ha lamentado la consejera.

   Montero asimismo ha pedido al presidente del PP-A, Juanma Moreno que "no nos ayude más en materia de empleados públicos".

DUDAS DE IU Y PODEMOS

   Por su parte, la diputada de IU Elena Cortés ha apuntado que "al parecer el tipo de dificultades que ha encontrado la Junta para no cumplir el compromiso con los sindicatos son inseguridades" y se ha mostrado de acuerdo con la manera de salvar la sentencia del TC, manteniendo las 35 horas presenciales y añadiendo 2,5 horas no presenciales de jornada laboral y ha valorado el mantenimiento del empleo.

   No obstante, cree que la medida "debía adoptarse con el rigor jurídico que requiere, pues hablamos de más de 270.000 empleados públicos que pueden tener la sensación de tanto el PP como PSOE tratan de jugar con ellos".

   Por ello, ha exigido "rigor" en el mantenimiento de la propuesta y exige que se mantengan los empleos generados al reducir la jornada a 35 horas. "La Junta ha tenido más de un año para dar una salida, y espero que la salida no sea improvisada", ha añadido Cortés, quien se ha preguntado "qué pasos se darán y qué va a pasar el 1 de enero".

   La diputada de Podemos Carmen Lizárraga considera que "PP y PSOE han jugado a la improvisación e incertidumbre y se ha utilizado al empleado público como chivo expiatorio de una crisis originada por la elite financiera".

   Tras asegurar que dará "la batalla", ha lamentado que con la sentencia del TC, el PP "aplica el rodillo del centralismo y la centralización y cercena la autonomía política de Andalucía", de forma que "ha dado un golpe a la recuperación de derechos", por lo que cree que "hace falta echar a Rajoy, espero que a la tercera sea la vencida, pues el modelo de precariedad del PP ha venido para quedarse".

   Asimismo, ha apoyado el acuerdo alcanzado pero reconoce que esperaba "más credibilidad, pues lo acordado provoca incertidumbre entre los empleados que sufren una reducción de derechos y provoca inestabilidad". "Cómo nos creemos ahora que esos 7.000 empleos se pueden mantener", se ha preguntado Lizárraga, quien ha aludido a otros problemas del sector público como la alta tasa de temporalidad o la doble escala salarial.

RAJOY, EL NUEVO 'MR. SCROOGE'

   Por último, el diputado del PSOE Jesús María Ruiz ha aludido a la obra 'Cuento de Navidad', de Dickens para asegurar que Mariano Rajoy es "el nuevo Mister Scrooge", toda vez que "desprecia despóticamente a los empleados públicos y los ataca, aprovechando la excusa de la crisis, y no puede soportar que en Andalucía haya servicios públicos de calidad".

   Ha lamentado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "es el joven aprendiz que dijo que iba a defender a Andalucía e iba a hacer lo posible para que no se interpusiera recurso al TC, pero no pudo hacer nada, ni quiso ni supo". "El PP no sabe hacer nada, ni siquiera sabe hacer la oposición", ha lamentado.

   Ruiz ha augurado que "como en 'Cuento de Navidad', vendrá el  espíritu del futuro que mostrará a Rajoy que dejará de ser presidente", aunque ha lamentado que algunos partidos "en su momento pudieron apoyar para que hubiera un presidente del Gobierno socialista y no lo hicieron, ahora a buenas horas, mangas verdes".

-. Firma: MTM .-