SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Fomento y Vivienda está inspeccionando y adecuando las viviendas cedidas hasta la fecha por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) de las 400 recogidas en el convenio de junio de 2016, de forma que este trabajo finalizará, según ha dado a conocer el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, en septiembre, una vez cedida la totalidad de inmuebles.
Durante su comparecencia en comisión en el Parlamento andaluz, López ha recordado que el objetivo de este acuerdo es que "las viviendas de la Sareb situadas en Andalucía pasen a ser gestionadas por la Junta para destinarlas a aquellas familias con menos recursos que podrán acceder a ellas a través de un alquiler asequible", con la finalidad de "luchar contra los desahucios e incrementar el parque público de viviendas".
Estas 400 viviendas proceden de gestoras de activos inmobiliarios y otras entidades públicas y privadas, que son cedidas por el período de cuatro años, prorrogables por otros cuatro años.
Ha detallado que hasta la fecha se ha culminado el proceso de tramitación para la cesión de un total de 280 viviendas --de las que 80 están ocupadas--, de forma que ahora está trabajando, "por una parte, en regularizar la situación de las familias que residen en estas viviendas que serán cedidas y, por otra, haciéndole las mejoras necesarias para entregarlas a familias en óptimas condiciones", ha explicado.
Esas cesiones se han ido registrando en diversas fases, esto es, en septiembre de 2016, octubre de 2016 y mayo de 2017, y está previsto que el resto de viviendas --hasta llegar a las 400-- se cedan en septiembre.
Así, la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) se está encargando, en el caso de las viviendas ocupadas, de regularizar la situación de sus inquilinos mediante su transformación en alquiler, evitando así el lanzamiento. Ya se han analizado la situación de 38 familias y se está analizando la situación del resto.
Para ello, según ha añadido, "se ha solicitado información a las instancias judiciales, que han facilitado los datos necesarios para conocer la situación de los procedimientos abiertos sobre las familias que habitan en las viviendas cedidas". "Una vez obtenida toda la información se han comenzado a aplicar los protocolos que prevén ofrecer, de un lado, garantías para las familias y, de otro, una regularización de la situación", ha asegurado.
Respecto las viviendas disponibles no ocupadas, AVRA se encarga de su adecuación, para lo que se ha dispuesto una inversión por vivienda de hasta 7.000 euros que se financiarán de forma conjunta por AVRA y Sareb.
Hasta la fecha, se ha efectuado la inspección técnica en 88 viviendas "y se ha constatado la necesidad de intervenir en todas". En esas 88 viviendas ya inspeccionadas "se esperará a terminar la adecuación, para hacer el contrato de adjudicación, de forma que en próximas semanas se efectuará esa adjudicación".
López ha precisado que en las próximas semanas comenzarán las reparaciones de aquellas viviendas que así lo demanden, para lo que se ha establecido un plazo de entre 15 días y un mes en la duración de las obras.
Una vez finalicen las obras de rehabilitación, la Junta pondrá en marcha los procesos de adjudicación conforme a lo establecido, entregando dichos inmuebles a los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.
El consejero ha recordado que la oferta inicial de la Sareb se centraba en la zona litoral, "pero la demanda no coincidía y estaba situada en otras zonas, como grandes ciudades y cinturones metropolitanos", de forma que "hemos buscado la fórmula para poder acoplar y casar la oferta con la demanda".
"Esta cooperación con entidades propietarias de vivienda forma parte de una estrategia global para garantizar el derecho a una vivienda digna y que se plasma en el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2020", ha aseverado Felipe López, que ha añadido que "nuestro compromiso es aportar todos los recursos tanto normativos como económicos para evitar los desahucios o paliar sus negativos efectos sociales".
Ha aseverado que el compromiso de "agotar todos los recursos tanto normativos como económicos", dejando claro que "el equilibrio presupuestario está garantizando en esta medida".
López ha precisado que se han celebrado ya varias reuniones de la comisión de seguimiento, y ha reconocido que se trata de un trabajo que "encarna bastantes dificultades, es una tarea compleja, hasta el punto que más de una comunidad autónoma ha renunciado al convenio con la Sareb", aunque deja claro que la Junta andaluza "cree que este convenio es una herramienta más, y no hemos renunciado, aunque no sea la panacea".
ESTRATEGIA GLOBAL CONTRA LOS DESAHUCIOS
Felipe López ha asegurado que el convenio con la Sareb "forma parte de un todo y sólo cobra sentido dentro de una estrategia global porque su impacto aislado podría considerarse limitado". De hecho, ha aclarado que se trata de "una herramienta más dentro de las políticas de vivienda que viene impulsando la Junta para dar respuesta a la demanda de viviendas por parte de aquellas familias que más están sufriendo".
López ha resaltado que Andalucía "cuenta con una normativa amplia, a la que se suman las aprobadas en esta legislatura, como son la de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras en la Contratación Hipotecaria".
Ha aludido al Proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucios en Andalucía, el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, la orden de ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social o la de ayudas al alquiler y el convenio con el Consejo General del Poder Judicial.
VIVIENDAS CON PROBLEMAS JUDICIALES
La diputada del PP María de la O Redondo, quien ha recordado que el PP "lleva años reclamando que se hiciera uso de las viviendas vacías de la Sareb", ha lamentado que "la oferta que hace la Sareb no se corresponde con la demanda de los andaluces".
Redondo ha valorado la creación de la Sareb por parte del PP, así como la iniciativa de poner las viviendas vacías a disposición de alquileres sociales.
La diputada de Podemos Carmen Molina ha agradecido la información facilitada, ha pedido que se celebre reunión de la comisión de seguimiento y ha recordado que las viviendas que está cediendo la Sareb se hallan en zonas distintas a donde se ubican las necesidades de muchas familias.
Molina lamenta que "todavía no está hecho el reparto y la asignación de las familias necesitadas" y pide "un compromiso cierto" en la asignación presupuestaria. Ha lamentado que la Junta "ha aceptado las viviendas sin analizar donde se ubican las necesidades", y ha apuntado que algunas de las viviendas cedidas "están inmersas en procesos penales". Asimismo, han precisado que en las oficinas de la Junta "nos dijeron que no había suficientes viviendas para atender la demanda existente".
El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White ha reclamado la celebración de más comisiones de seguimiento de este convenio con la Sareb y también lamenta que haya municipios que "no tienen ninguna vivienda en alquiler" y ha pedido actuación en ese sentido. Ha reclamado asimismo "más transparencia y más difusión de las viviendas que se pondrán en alquiler".
El diputado del PSOE Julio Millán, que reconoce que esta gestión "no está siendo fácil debido a la complejidad burocrática", ha valorado el trabajo de la Consejería "sabiendo que no está siendo fácil". Asimismo, recuerda que esta medida se incluye en el conjunto de actuaciones en esta materia, con diversas leyes y normas, como el Plan de Vivienda y Rehabilitación, la Ley de Tanteo y Retracto, entre otras, de forma que "se ven beneficiadas miles de personas por estas actuaciones".