La Junta considera "injustificable" el cambio de contrato a los investigadores predoctorales e insta a cambiar la ley

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha tildado de "hecho sin precedente" e "injustificable" el cambio de contrato por parte del Ejecutivo central a los investigadores predoctorales, "despojándolos de derechos" y dejándolos, entre otras cosas, sin garantía de cobertura sanitaria en el extranjero.

Ramírez de Arellano, que ha comparecido por este asunto ante el Pleno del Parlamento andaluz a pregunta de IULV-CA, se ha mostrado "profundamente preocupado" por lo ocurrido y ha instado por ello a la Cámara autonómica a exigirle al Estado un cambio "inmediato" en la legislación laboral con el fin de solventar esta situación, que afecta a más de 10.000 investigadores en España.

En este sentido, ha abogado por que se lleven a cabo acciones "a distintos niveles institucionales" en coordinación con las universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y otros centros de investigación con el fin de lograr una "rápida actuación" del Gobierno de la nación y lograr una reforma "urgente" de la normativa que regula el contrato de los investigadores --consecuencia del desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología de 2011-- con el fin de que los investigadores no vean conculcados sus derechos.

Para el responsable andaluz de Economía y Conocimiento, "no es justificable desde ningún punto de vista realizar un cambio del código de contrato sin ningún tipo de comunicación, debate, discusión y, para mayor agravio, con efecto retroactivo", como se ha producido en este caso.

Ramírez de Arellano ha recordado que los investigadores universitarios que cursan doctorados internacionales tienen la obligación de realizar estancias en el extranjero para poder completarlos. "Que un país mande a sus investigadores a un estado europeo sin tener la atención sanitaria garantizada --pues se pierde el derecho al acceso a la tarjeta sanitaria europea-- es inexplicable", ha aseverado.

A su juicio, la clave de este problema se encuentra en la normativa que regula los contratos, dado que las universidades tiene que utilizar la modalidad contractual de 'obra o servicio' que no refleja exactamente la labor que cubren éstos.

Por último, el consejero de Economía ha expresado el compromiso de la Junta de Andalucía con "la salvaguarda y defensa de los derechos laborales de los investigadores de acuerdo con la Carta Europea del Investigador".

De su lado, la diputada de IU María del Carmen Pérez ha recordado en su pregunta que desde que esta medida salió a la luz no ha existido "una sola defensa" por parte de la Junta al personal investigador, recordando asimismo que las universidades andaluzas son competencia de la comunidad autónoma, sin que no obstante la administración regional haya hecho nada con las medidas aplicadas.