La Junta defiende que la convocatoria de interinos se rige por un decreto aprobado por el Parlamento y aval sindical

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras la decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía de incoar diligencias de investigación penal por la denuncia interpuesta ante dicha instancia por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) contra el consejero andaluz de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; por la convocatoria de contratación urgente de 159 funcionarios interinos promovida el pasado 8 de julio, la Junta de Andalucía ha defendido que dicha convocatoria se rige por un decreto aprobado por el Parlamento andaluz y un modelo de nombramientos "negociado con las organizaciones sindicales".

La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior ha recordado que dicha decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía supone un "procedimiento ordinario que implicará la solicitud de información a la Administración autonómica".

Mientras la entidad denunciante señala un supuesto delito de prevaricación en los términos de dicha convocatoria, atisbando infracciones de los principios de publicidad, mérito y capacidad, entre otros aspectos, la Consejería expone que el procedimiento para la selección de personal funcionario interino y de personal laboral temporal con carácter de emergencia se encuentra implementado en el artículo 13 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, aprobado por el Parlamento andaluz y desarrollado mediante resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

Es más, según esgrime la Consejería, "el modelo de nombramiento de personal funcionario interino y de contratación de personal laboral temporal ha sido negociado con las organizaciones sindicales, tanto en la Mesa General, como en la Mesa Sectorial y en la Comisión de Convenio", precisando que para las contrataciones en cuestión, "en primer lugar" se recurre a las bolsas provinciales vigentes y "solo en el caso de que no se cubran" los puestos es cuando se publica una oferta acotada a un marco temporal a través del portal del empleado público.

"Tanto las organizaciones sindicales como las entidades asociativas representativas de personas con discapacidad son informadas sobre el contenido de la oferta que va a ser objeto de publicación, así como sobre la fecha en la que dicho contenido se va a publicar", defiende la Consejería, exponiendo frente a los términos de la denuncia que los sindicatos de la Comisión de Convenio y la Mesa Sectorial son informados de este procedimiento, así como las asociaciones de discapacitados y en la web del empleado público se publican la lista de admitidos y las horas de corte de cada proceso.

LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS

Además, con relación a las supuestas exclusiones apreciadas por los denunciantes, la Consejería explica que "con la evidencia científica disponible a fecha 2 de junio de 2020 (Información científica-técnica sobre el COVID-19, del Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años".

Por eso, indica que "la recomendación es que estas personas no se incorporen a su puesto de trabajo ", pues se trata de trabajos "de carácter presencial, ya que o bien muchos procedimientos no están telematizados o así lo requiere el desarrollo de la actividad".

En la resolución que sostiene la convocatoria, según la Consejería, "se detalla que el personal que se nombre o contrate por el procedimiento de emergencia expresará que cumple los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para el desempeño del puesto de trabajo, así como que dispone de capacidad para desempeñarlo con la continuidad que demanda la situación excepcional que se afronta".

Y en cuanto a los perfiles de la convocatoria señalados en la denuncia, la Consejería indica que "la contratación para reactivar la actividad administrativa y agilizar procesos con motivo de la crisis económica asociada a la pandemia beneficia a todas las Consejerías de la Administración General de la Junta de Andalucía, generando casi 1.000 empleos temporales de unos seis meses de duración en varias categorías /cuerpos, personal temporal de numerosas categorías y cuerpos que reforzarán las once consejerías en todas las provincias".

"Se trata de puestos de trabajo en la modalidad presencial y en los servicios esenciales, cuyo proceso selectivo se realizará por el sistema extraordinario de emergencia. Al ser presencial, se excluyen los colectivos de riesgo tal y como mandata el Ministerio de Sanidad y confirma el Ministerio de Trabajo y Economía Social en sus recomendaciones para el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV2 de 19 de junio de 2020", resume la Consejería insistiendo en que las contrataciones en cuestión son todas temporales.