La Junta defiende su "derecho a opinar" sobre la posición del TC respecto a los ERE aunque "ponga nervioso a Espadas"

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SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), ha defendido este martes el "derecho a opinar" del Gobierno andaluz respecto al posicionamiento que adopte el Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos de amparo presentados por condenados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, aunque eso "ponga nervioso" al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

Antonio Sanz se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno después de que el también portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, haya acusado al Gobierno andaluz de Juanma Moreno de intentar "orientar" a los magistrados del Tribunal Constitucional sobre la sentencia de los ERE, y haya anunciado la presentación de una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que le "llame al orden".

Estas declaraciones se producen además coincidiendo con la reunión del Pleno del TC que tiene que estudiar si anula la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el caso de los ERE, el caso de corrupción "más grave de la historia" de la democracia española, según han aseverado tanto Antonio Sanz como el consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la misma rueda de prensa.

Antonio Sanz ha subrayado que el caso de los ERE es "un asunto que han analizado más de 20 jueces, las fiscalías de todos esos juzgados, y nunca se había puesto en cuestión" la comisión del delito de prevaricación.

"A lo mejor había habido algunas dudas sobre malversación, pero parece que ahora se está analizando" si se ha dado la prevaricación, algo que "no se había puesto en duda nunca", según ha incidido Antonio Sanz, que ha puesto de relieve en esa línea que "ni siquiera el voto particular" que formularon dos magistradas del Tribunal Supremo a la sentencia que se alineaba con la de la Audiencia de Sevilla, y en el que "parece que se sustenta parte de la defensa de los que reclaman amparo al Tribunal Constitucional, pone en cuestión la prevaricación".

Tanto el consejero de la Presidencia como el portavoz del Gobierno andaluz han llamado la atención además acerca de que esta posible anulación de la condena de Magdalena Álvarez llega después de que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la defendiera en un mitin socialista realizado en Benalmádena (Málaga) durante la reciente campaña electoral de los comicios europeos del pasado 9 de junio.

Sanz ha insistido en preguntar "cómo puede ser que ahora" se ponga "en cuestión la prevaricación si 20 juzgados, 20 jueces, incluso las magistradas que hicieron el voto particular que sustenta hoy los recursos de amparo, ni la Fiscalía", no la hubieron puesto antes en cuestión, y ha agregado que por parte del Gobierno andaluz "no prejuzgamos" lo que va a hacer el Tribunal Constitucional, sino que se limitan a "preguntar".

Al hilo, ha cuestionado si sería "posible" mantener que se ha cometido "malversación sin prevaricación", y ha agregado que entiende que "esto ponga nervioso" a Juan Espadas, pero "tenemos que preguntar", desde la premisa de que este caso afecta al "dinero de los parados de los andaluces", ya que "se robaron más de 700 millones de euros que estamos obligados a recuperar para los andaluces".

En esa línea, ha apuntado que al Gobierno del PP-A le "preocupa profundamente si esto queda impune, porque tenemos la obligación, la responsabilidad, de luchar por el último euro de cada andaluz que se robó del dinero de los parados", y ha reivindicado su derecho a "expresarnos libremente".

"Yo no hablo ni de un juez ni del señor Espadas", que es "el que se ha metido en esto", ha añadido Antonio Sanz antes de insistir en reivindicar el "derecho a opinar" del Gobierno andaluz por su "obligación" de "buscar recuperar el dinero de los andaluces" que se habría perdido con este caso de corrupción, y eso "no nos lo va a prohibir" el líder del PSOE-A, según ha sentenciado antes de concluir que, "pase lo que pase en el Tribunal Constitucional", el de los ERE "seguirá siendo el caso más grave de corrupción" de la democracia española, como "ha dicho el Tribunal Supremo", según ha zanjado.

LA JUNTA NIEGA QUE PONGA "EN ENTREDICHO" AL TC

Por su parte, el consejero Ramón Fernández-Pacheco ha apuntado que ni el Gobierno de Andalucía ni él como portavoz del mismo han puesto nunca "en entredicho el papel" del Tribunal Constitucional, aunque sí le "ha llamado mucho la atención que todo a esta polémica surgiera días después de que Pedro Sánchez, en un mitin del PSOE, le hiciera un homenaje a Magdalena Álvarez".

"Me parece significativo que se aproveche un mitin del PSOE en Benalmádena para ensalzar la figura de la señora Magdalena Álvarez diciendo que es víctima de la derecha y la ultraderecha, y todas esas cosas que suele decir Pedro Sánchez, y que justo después sepamos que el Tribunal Constitucional tiene que decidir sobre este asunto", ha comentado el portavoz de la Junta, quien también ha defendido que, si el ahora presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, "cuando estaba en el Supremo se abstuvo" al respecto del caso de los ERE, "entendemos que se tendrá que abstener ahora, porque las circunstancias no han cambiado".

El consejero portavoz ha subrayado que este caso ha supuesto "la condena de dos presidentes, un vicepresidente y cinco consejeros de una comunidad autónoma", y "nadie pone en duda que se han malversado más de 600 millones de euros para destinarlos a un fondo de reptiles que ya sabemos todos dónde acabó", según ha finalizado.