Junta defiende la mayor progresividad y concurrencia competitiva en Infantil frente a acusaciones de "mercantilización"

Los niños que no lleguen a 16 semanas en septiembre y entren con el curso ya iniciado podrán optar a convocatoria extraordinaria de ayudas

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha defendido el nuevo modelo de financiación del primer ciclo de Educación Infantil promovido por el Ejecutivo autonómico en una decisión que no es "espontánea" ni "caprichosa", haciendo hincapié en novedades como la mayor progresividad en las becas o la concurrencia competitiva que se establece, frente a las acusaciones de "liberalización" y "mercantilización" de los grupos de oposición en el Parlamento andaluz.

En el seno de la Comisión de Educación de la Cámara autonómica, la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, ha protagonizado una comparecencia a petición de varios grupos en la que ha vuelto a desgranar los detalles del nuevo modelo de ayudas, el cual, según reivindica la Junta, garantiza la gratuidad a las familias más desfavorecidas y aumenta el número de centros y plazas ofertadas.

Según las previsiones de la Consejería, cuya titular ha querido salir al paso de "desinformaciones" y "falsedades" que han circulado de manera "interesada", el próximo curso 2017-18 casi el 50 por ciento del alumnado accederá a una plaza de forma gratuita de este servicio socioeducativo.

Durante su comparecencia, la consejera ha explicado las novedades del nuevo modelo de ayuda a una enseñanza que no es obligatoria, ni universal, ni gratuita. Así, a partir de ahora, cualquier centro público o privado autorizado puede adherirse al programa de forma que, además de garantizar la permanencia de los 1.610 centros que actualmente ofertan plazas a través del sistema público, se les abre la puerta a 600 escuelas infantiles nuevas que hasta ahora solo ofertan plazas privadas.

Con este sistema el próximo curso habrá unas 12.000 plazas más, se llegará a más poblaciones y más familias serán beneficiarias de poder acceder a una plaza bajo las condiciones establecidas por la Junta, ha precisado De la Calle.

Otra de las novedades es que se mejora la progresividad de las ayudas que se otorgan, pasando de cuatro tramos correspondientes al 100 por ciento, 75 por ciento, 50 por ciento o 25 por ciento del precio a nueve, del 100, 80, 70, 60 y así sucesivamente hasta el 10 por ciento.

Igualmente, la Junta mantiene la gratuidad de esta enseñanza para las familias andaluzas con más de tres hijos matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil; las víctimas de violencia de género o terrorismo; cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores; familias en riesgo de exclusión; y aquellas cuya renta per cápita sea inferior al 0,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), o del 0,75 en caso de familias monoparentales.

También se establece como novedad la concurrencia competitiva como procedimiento para la concesión de estas ayudas. El nuevo modelo determina asimismo el precio máximo por plaza para "no perjudicar a las familias", que permanece en 278,88 euros por un servicio de ocho horas y comedor, que deberán respetar los centros que participen en este programa y no superarlo en ningún caso, y un mínimo de 247,51 euros para ganar en competitividad sin menoscabar la calidad del servicio.

Por otra parte, los requisitos y criterios de admisión seguirán siendo los mismos, es decir, podrán solicitar plaza los representantes legales de niños cuya edad esté comprendida entre las dieciséis semanas y los tres años. Asimismo, se podrá solicitar plaza escolar para niños en fase de gestación cuando su nacimiento esté previsto que tenga lugar con dieciséis semanas de antelación al comienzo del curso.

En el caso de que los niños no hubieran alcanzado las 16 semanas en septiembre y, por tanto, se escolaricen en fecha posterior en una plaza vacante, las familias podrán solicitar la ayuda a través de una convocatoria extraordinaria.

Por otra parte, la titular de Educación ha explicado que era "necesario y urgente" articular un modelo adaptado al nuevo contexto normativo y mejorar el procedimiento administrativo, siguiendo las recomendaciones tanto de la Intervención General como de la Cámara de Cuentas, para abrir la participación de todos los centros y ofrecer más plazas a las familias con las mayores garantías jurídicas.

CALENDARIO

El plazo para la adhesión de los centros al programa se abrirá cada año del 15 al 31 de enero. Para el próximo curso 2017-18 se establece del 30 de marzo al 7 de abril; la reserva de plaza y solicitud de ayuda para menores que ya estén recibiendo el servicio se establece del 24 de abril al 8 de mayo. Los puestos escolares vacantes se publicarán el 9 y a partir del día siguiente y hasta el 26 de mayo las familias de nuevo ingreso podrán presentar las solicitudes de admisión y solicitar la ayuda. La formalización de la matrícula será del 22 de junio al 5 de julio.

"Les pediría que en el ejercicio de su responsabilidad como oposición pensaran primero en las familias y, en la medida de lo posible, contribuyeran a no crear dudas", ha cerrado su intervención la consejera, aseverando que "siempre defenderemos el interés general y estaremos al lado de las familias, garantizando la seguridad jurídica".

VERSIONES DE LOS GRUPOS

Por parte de los grupos, la diputada del PP María Francisca Carazo ha cargado las tintas en el hecho de que un asunto tan "serio" no debe ser aprobado por medio de una medida de urgencia "que no se justifica", así como por el hecho de que dicha medida supone "un decretazo recortazo", dado que no se contempla el presupuesto suficiente para la programada ampliación de plazas, lo que se compensa con una horquilla de precios "que nos avergüenza".

"Parece mentira que haya usted entrado en ese juego", ha agregado Carazo, que expone cómo las iniciativas contempladas con el nuevo modelo quedan sujetas a la disponibilidad presupuestaria. "No se ha tratado a las familias como se merecen, las formas han brillado por su ausencia", ha añadido, instando a la Junta a abandonar la "soberbia y prepotencia".

En lo tocante a Podemos, la parlamentaria Libertad Benítez ha criticado que se haya seguido el 'modelo Aguirre' de "implantar sin diálogo ni consenso un modelo de negocio para amigos y aliados". Tras criticar que la Consejería se haya mirado "en el PP más rancio y carca", ha propuesto medidas como la reducción de ratios o la mejora de las condiciones de los trabajadores.

La diputada de Ciudadanos Marta Escrivá ha señalado que, partiendo de la base de que las bonificaciones deben llegar "a todas las familias que lo necesiten" y que los centros deben contar con recursos suficientes, la Junta debe, por "coherencia", promover una mayor participación ciudadana en este asunto y no hacerlo por un decreto de urgencia. También ha puesto el foco en contemplar otros supuestos de escolarización tardía y tener en cuenta la tabla de partida de bonificaciones.

Por parte de IULV-CA, el parlamentario Antonio Maíllo se ha mostrado muy crítico al señalar que con este decreto "inician el cierre de las escuelas de titularidad pública", al mantener los precios máximos de la Junta y poner mínimos a las conveniadas. "Lo que van a hacer es cambiar la titularidad de los convenios, hundir a las cooperativas y autónomos", ha lamentado.

Por último, la diputada del PSOE Olga Manzano ha reprochado al resto de grupos que se haya optado por la versión de "todo el decreto está mal", en vez de reconocer los aspectos positivos del nuevo modelo. "Creemos que es un buen modelo por ser mucho más social y fomentar esta educación, ya que llega a más del 40 por ciento de la cobertura", ha añadido, concluyendo con el recordatorio de que la Junta ha tenido poco tiempo para adaptar una normativa cuyo cambio era necesario.