Junta defiende que el Presupuesto avanza en un nuevo "contrato social" y da "seguridad" a los ciudadanos

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles que los Presupuestos andaluces para 2018 se enmarcan en la necesidad de avanzar en un nuevo "contrato social" y dan seguridad a la ciudadanía, frente a esas corrientes neoliberales que siguen operando, a pesar del cambio del ciclo económico, y a la dirección que algunos han tomado del "populismo" y el "descrédito" de la política.

Así se ha pronunciado Montero durante su intervención inicial en el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2018 que este miércoles acoge el Pleno del Parlamento. Ha apuntado que el Presupuesto del próximo año, que asciende a 34.759 millones de euros (un 4,6 por ciento más que el del presente ejercicio), suponen, sin duda, "un componente de salud institucional a nuestro país" en unos momentos convulsos y ha indicado que el proyecto se ha presentado "cuando estaba listo, en plazo", y no había motivo para demorar su entrada en la Cámara.

Estas cuentas andaluzas para 2018, según ha indicado, sigue siendo un "contrapunto a las corrientes neoliberales que siguen operando, a pesar del cambio del ciclo económico" y constituyen una propuesta para salir de la crisis de la política que ha acompañado a la crisis económica de la que nos resentismos hoy por hoy. Ha puesto de manifiesto que, con estas cuentas, Andalucía "saca al balcón la verdiblanca" para que su voz se escuche "alta y clara".

"La política tiene que salir de la crisis, porque la democracia no puede sufrir un retroceso", según ha señalado la consejera, quien ha insistido en que los Presupuestos para 2018 son la propuesta del Gobierno andaluz para "salir de la crisis institucional" que ha traído la crisis económica. Ha defendido que hay que avanzar hacia "nuevo contrato social", frente a esa otra dirección que nos lleva a "más populismo y descrédito" de la política.

La consejera ha insistido en que los Presupuestos para el próximo año buscan dar "seguridad de los andaluces en un entorno que sigue desmontando" precisamente los arneses de seguridad de los que nos dotamos hace años. Así, ha indicado que se continúan blindando los pilares del estado del bienestar, la educación, la sanidad y los servicios sociales, que hoy siguen en riesgo por los que insisten en las privatizaciones, a pesar de los visos de recuperación económica que se aprecian.

En este punto, se ha referido al Gobierno central para denunciar que "sigue con sus planes", como se certifica en el plan presupuestario que envía a la Comisión Europea. Ha mostrado su preocupación por que plantee una bajada del peso de la educación, la sanidad y la protección social en el PIB, pasando del 26,5 por ciento al 25,8 por ciento.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno central reconoce a Bruselas que se va a desviar en el déficit previsto, que se situará en el 1,7 por ciento del PIB, en lugar del 1,1. Ha aprovechado para denunciar que el reparto de los objetivos de déficit es "desequilibrado y falso", porque se deja menos margen a las comunidades, mientras que Ejecutivo nacional vuelve "a dejar de hacer sus deberes".

Montero también ha querido dejar claro que una posible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado no afecta a los Presupuestos andaluces para 2018. Ha indicado que esa prórroga sería fruto de la "incapacidad" del Gobierno central para el diálogo y el acuerdo en relación con las cuentas estatales.

Ha criticado además que el Gobierno central no quiere abordar el debate sobre la nueva financiación autonómica, con lo que para el Presupuesto andaluz de 2018 se sigue sufriendo la carencia de recursos para llevar a cabo las competencias de la comunidad.

CONTENIDO DEL PRESUPUESTO

En cuanto al contenido del Presupuesto, según ha expuesto la consejera ante el Pleno, de los 34.759 millones que lo dotan, 30.628 millones se destinan a gasto no financiero, mientras que la cifra restante se dedica al pago de la deuda, en su mayor parte al abono de intereses del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El gasto en inversión pública aumenta en un 1,2 por ciento hasta los 3.709 millones de euros, lo que supone un 2,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

Ha indicado que ocho de cada diez euros del gasto no financiero del Presupuesto se destina a gasto social. Se produce un incremento del 3,8 por ciento en educación y universidades, hasta 7.527 millones; los servicios sociales y dependencia se elevan un 7,2 por ciento --con 2.132 millones para servicios sociales, y de ellos las partidas de dependencia ascienden a 1.214 millones--; y las partidas de salud crecen un 5,4 por ciento, hasta 9.809 millones, de modo que éstas últimas suponen un tercio del total presupuestado (29 por ciento).

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) contará con el mayor presupuesto de su historia, con 9.013 millones.

El proyecto consigna 2.183 millones a partidas para dinamizar la economía y fomentar la creación de nuevos empleos. En este ámbito, la mejora de la cualificación se canaliza a través de la Formación Profesional para el Empleo, con 239 millones. Se presupuestan 766 millones para Empleabilidad e Intermediación, que incluye un programa de empleo industrial (308 millones), mientras que la
partida para potenciar el desarrollo económico crece un 4,2 por ciento, hasta 546 millones.

El proyecto de Ley de Presupuestos contempla un crecimiento de la economía andaluza en 2018 del 2,6 por ciento y un PIB nominal de 166.000 millones, que supondría 14,6 puntos por encima del PIB de 2013. En cuanto a la generación de empleo, la previsión para 2018 es de crear 80.400 nuevos empleos.

El presupuesto contempla medidas como que ningún empleado de la Junta a jornada completa gane menos de 1.000 euros mensuales; la renta mínima de inserción social, con una dotación de 198 millones, o la bonificación de las matrículas universitarias.

En materia fiscal, se incluye una nueva reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, de manera que el mínimo exento de tributación se sitúa en un millón de euros para familiares del Grupo I (hijos, padres y cónyuges).